Según el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Público, los hechos se remontan a octubre de 2012, cuando dos de los acusados, constituidos como sociedad limitada, acordaron con sendas empresas portuguesas la compra, por un lado, de cinco depósitos para vino de acero inoxidable con un valor de venta de 27.512 euros y, por otro, 20 barricas de roble americano y otras 15 de roble francés con un valor de venta de 14.209,75 euros. Para el pago de todo ello emitieron tres pagarés que, llegada la fecha de vencimiento resultaron no tener fondos.
Entre tanto, se había realizado ya la entrega de la mercancía en la explanada de una empresa berciana de la que habían conseguido el favor con engaños al alegar que sus instalaciones estaban en obras. Acto seguido los acusados habrían contratado a un transportista para llevarse los depósitos al que, en el último momento, le indicaron que debía llevar la mercancía a una empresa a la que habían comprado, a través del tercer acusado, uva por importe de 6.710,8 euros que no habían pagado, por lo que propusieron compensarle la deuda con estos cinco depósitos que fueron valorados en 13.710,8 euros, por lo que el receptor todavía tuvo que pagar 7.000 euros más a los encausados.
Por otra parte, las 35 barricas fueron llevadas a otra empresa acordando depositar el material en ella para su venta ofreciendo a cambio a la entidad en cuestión el 10% de cada operación. Además, a ésta le pidieron 1.000 euros por adelantado alegando problemas económicos, a lo que accedió.
Entiende el fiscal que los hechos anteriormente expuestos constituyen un delito de estafa y otro de receptación y blanqueo de capitales. Los dos acusados que aparecen desde el primer momento del relato están acusados de ambos delitos y el Ministerio Público pide para ellos dos años de prisión por la estafa y otros dos años y medio y multa de 120.000 euros por el delito de receptación y blanqueo de capitales. Al tercer encausado le acusa de receptación y blanqueo y pide para él dos años y medio de cárcel y multa de 120.000 euros.
Además, en concepto de responsabilidad civil, solicita una indemnización conjunta y solidaria de 27.512 euros a la empresa a la que adquirieron los depósitos de fermentación, y otra de 37.757,33 euros a la propietaria de las barricas. Ambas empresas portuguesas son las que han formulado reclamación de responsabilidad civil derivada por estos hechos.