51.530 libros de texto

Hace unos días veía con estupor la noticia de que «en España tenemos 51.530 libros de texto diferentes para dar capricho a las exigencias de cada comunidad en idiomas y contenidos». El volumen de títulos se ha disparado: de 23.409 en el curso 2008-2009 (cuando aún no había ediciones digitales) a los 51.530 en este 2019-2020. Me pregunto si esto no es un derroche, una locura y una vergüenza. Posiblemente pretendemos volver locos a nuestros alumnos y profesores.

Entiendo perfectamente que por causa del idioma se multipliquen por dos los libros de texto en comunidades bilingües como Cataluña, Galicia o País Vasco, pero es inadmisible el inexplicable aumento del número de ejemplares por la dispersión de contenidos.

El problema salta a la palestra a principio de este curso por la denuncia de los editores de libros de texto de que habían recibido presiones de las comunidades autónomas para elaborar unos contenidos que se adapten al gusto e intereses de las mismas. El director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), declara que «en una comunidad como Canarias quieren que desaparezcan los ríos, porque hay ríos poco importantes y les damos mucha importancia. En otra como Cataluña no quieren que hablemos de los Reyes Católicos». Como consecuencia de estos requerimientos se multiplican los libros de texto diferentes y los editores denuncian las maniobras de los gobiernos para que los manuales digan lo que ellos quieren. ¿Qué supone cambiar una frase en el libro de texto de una comunidad? Aumento de libros y aumento de gastos para los editores. Parece lógico que esa frase se cambia para adoctrinar. La pregunta es si los libros de texto pueden adoctrinar. El punto de mira está puesto en Cataluña por la sospecha de adoctrinamiento nacionalista a través de los libros de texto. En mi opinión los manuales pueden llevar errores, involuntarios o intencionados, pero no creo que esa sea la causa del crecimiento del independentismo. Es una gran equivocación echar la culpa de la crisis catalana al sistema educativo, y menos aún a los manuales de texto.

En Cataluña, como en el resto de España, en los institutos y colegios se reúnen los componentes de cada departamento para estudiar, examinar y analizar una batería o serie de libros de texto con el fin de determinar uno de ellos como texto oficial para un periodo de cuatro cursos. No me creo que toda la lista de esos libros adoctrine. Más bien pienso que la mayoría cumplen con la norma y, si hay alguno que ofrece dudas, será responsabilidad de los profesores si lo eligen. En muchos casos ni siquiera se establece un libro de texto para que el profesor goce de total libertad de cátedra. En la hipótesis de que hubiera adoctrinamiento en las aulas catalanas (cosa que desconozco) la culpa no sería de los libros de texto sino del profesorado que imparte la asignatura.

Hay un misterioso informe encargado a la Alta Inspección del Estado por el entonces ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para ver si los libros de Historia en Cataluña incitan al separatismo y que ni Rajoy ni Sánchez han sacado a la luz pública. Cuando los periodistas preguntan a la ministra de Educación, Isabel Celaá, sobre ‘ese’ informe de adoctrinamiento en los libros de texto elaborado por la Alta Inspección, sabiamente, ella no quiso cargar con ese muerto y echó balones fuera respondiendo: «Los libros de texto no son más que una parte del material escolar que se utiliza en los centros educativos. En las aulas se utilizan las redes, revistas, periódicos y libros de texto. El adoctrinamiento en las aulas requiere trabajar en muchos frentes y desde muchos ámbitos».

Como conclusión volvemos siempre al mismo punto. Urge un pacto de estado sobre educación. ¿Es tan difícil que los políticos, todos los políticos, se pongan de acuerdo en algo tan beneficioso para millones de alumnos españoles?

En el tema de los libros de texto coincido con la petición lanzada en este comienzo de curso por la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza para que se realice «un pacto por un currículo que esté aceptado y generalizado para todos».