33 procedimientos abiertos por corrupción en el pasado ejercicio y nueve sentencias

No son los ciento y muchos de Andalucía, pero tampoco se quedan atrás. 33 personas fueron acusadas o procesadas por corrupción en los tribunales de Castilla y León –según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no están provincializados– durante el pasado año 2017, en el que se dictaron nueve sentencias por este tipo de procedimientos relacionados con la ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio histórico; la prevaricación de funcionarios públicos; la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; el cohecho; el tráfico de influencias; la malversación; los fraudes y exacciones ilegales; las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

De acuerdo a estos datos, los juzgados de instrucción de la comunidad dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 33 personas por este tipo de delitos, 27 de ellos hombres y 6 mujeres, unos y otras españoles. Además, en este periodo, el año 2017, se dictaron en cuanto a asuntos de corrupción nueve sentencias en el ámbito de la comunidad, siete de ellas por juzgados de lo Penal, dos con conformidad, otras tantas sin conformidad, dos absolutorias y un de forma no especificada. Las otras dos fueron de audiencias provinciales, ambas por jurado, y una con conformidad y otra no.

Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en esta estadística tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Esta última, la corrupción política, lleva siendo ya unos años y dado el elevado número de escándalos que han salpicado a la práctica totalidad de las siglas políticas del país, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. De hecho, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de mayo, volvía a disparar la inquietud social por estos asuntos.