De acuerdo a esta estadística, que se nutre del Registro Central de Penados, en la mayoría de los casos se impuso a los encausados dos o más condenas (1.453 dos o más y 706 sólo una), pero en su mayoría por un sólo delito, que se entienden que se trate de pena de prisión y multa, pues según los datos referidos a los tipos de penas impuestas, éstas dos son, con mucha diferencia, las más frecuentes.
Delitos juzgados y condenados en sentencia firme hubo un total de 5.804, y como se indicaba, se resolvieron en su mayoría con multas (1.648 del total) y penas privativas de libertad (1.067), seguidas ya de la inhabilitación especial para el empleo (986), privación del derecho de conducir vehículos (502), trabajos en beneficio de la comunidad (480), prohibición de aproximarse a la víctima (418), prohibición de comunicarse con la víctima (343), privación del derecho a la tenencia de armas (282) y expulsión del territorio nacional en dos casos.
Menores procesados
También este jueves se daban a conocer los datos de condenas en menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 años –que es cuando empiezan a tener responsabilidad penal– y 18 (cumplida la mayoría de edad son juzgados como adultos). En la provincia de León fueron un total de 71 los menores condenados el pasado ejercicio, 54 hombres y 17 mujeres. Por edades, los 16 años parecen ser los más conflictivos tanto para ellos como para ellas (23 penados) y, haciendo también interpretación de los datos, parece que las menores asientan la cabeza antes que los jóvenes, pues de 17 años apenas hubo condenas en el caso de las mujeres (2) y se las llevaron casi todas los hombres (15).A estos 71 chavales se les impusieron un total de 122 medidas. 29 fueron penas de libertad vigilada; 20 prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad; 16, realización de tareas socio-educativas; 14 permanencias de fin de semana; 13 internamientos semiabiertos; siete convivencias con otra persona, familia o grupo educativo; cinco internamientos abiertos; cuatro amonestaciones; tres asistencias a un centro de día y otros tantos internamientos cerrados e internamientos terapéuticos, además de dos privaciones del permiso de conducir, dos tratamientos ambulatorios y una medida de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.