1.284 demandas por la cláusula suelo

El plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible incremento de litigios referidos a cláusulas suelo de escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre que las declaraba abusivas lleva funcionado ya más de tres meses.

El balance ofrecido ayer por esta institución refleja que el Juzgado de Instrucción número 7 de León (el elegido a la hora de especializarse en estos asuntos) ha recibido durante el pasado mes un total de 1.284 reclamaciones entre el 1 de junio y el 8 de septiembre. Esta cifra deja una media diaria de 12 demandas (el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil y se pueden presentar, pero no pero no comenzaron a ser tramitadas hasta el 1 de septiembre).

Además, León acapara una de cada cuatro reclamaciones registradas en el conjunto de la comunidad y se queda con la segunda cifra más alta, únicamente por detrás de Valladolid (1.306 expedientes abiertos). La lista de provincias se completa con Palencia y sus 654 demandas, Salamanca (458), Burgos (423), Zamora (295), Segovia (211), Ávila (178) y Soria (108).

En Castilla y León se contabilizaron durante los tres últimos meses un total de 4.917 reclamaciones judiciales por cláusulas suelo. Esta cifra que se elevó a 57.068 en el conjunto del país, siempre según las cifras difundidas ayer desde el CGPJ.

El plan de urgencia iniciado en junio consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear–, que desde entonces tramitan de manera exclusiva y no excluyente los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Destacan en este sentido las demandas por la cláusula suelo, aunque también se incluyen en la estadística casos de vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. Muchos de los Juzgados especializados están dictando ya sentencias, la mayoría por allanamiento de la parte demandada, es decir, cuando la entidad bancaria acepta las pretensiones del cliente, aunque en otros casos el juez ha entrado en el fondo del asunto.

La decisión de concentrar todos los casos en un sólo juzgado ha provocado críticas en diferentes ámbitos. En este sentido, desde el Colegio de Abogados de León se consideró en su día por ejemplo que este plan supone un "sobrecoste añadido" para los ciudadanos afectados y, en ocasiones, "dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial, al no poder dirimir dichos procedimientos en el ámbito geográfico de su partido judicial". Algo que, señalaban al anunciarse las medidas adoptadas por el CGPJ, se hace "más visible" en provincias como León por su extensión territorial y su orografía. Consideraban además que esta situación perjudica notablemente a los puntos más alejados de la capital leonesa y a Ponferrada.

En todo caso, cabe recordar que, con carácter previo a la puesta en marcha del plan, el CGPJ mantuvo reuniones con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, con una representación de los jueces decanos y con las administraciones para informarles de las medidas previstas y evaluar las posibles necesidades. Además, el pasado 30 de junio los jueces decanos expusieron en la sede del consejo cómo había sido el funcionamiento de los juzgados especializados en sus respectivos territorios durante el primer mes y evaluaron las medidas de refuerzo. Para este mes se anuncian nuevas reuniones de coordinación y será entonces cuando Ponferrada conocerá si podrá contar con un juzgado bis que pueda atender las demandas de la comarca.