La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 recoge, en su artículo primero, que: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».
Transcurridos 68 años desde la Declaración, la discriminación continúa existiendo en nuestras sociedades y afecta a millones de ciudadanos en todo el mundo. Provoca prejuicios, limita las oportunidades y puede ser origen de maltrato y violencia. La discriminación supone una violación de los derechos humanos y toda persona tiene derecho a vivir con respeto y dignidad.
Este tipo de exclusión en la escuela, en el trabajo, en la atención sanitaria y otros ámbitos, reduce la capacidad de las personas para su participación plena en la sociedad en la que viven y merma sus posibilidades para mantener y cuidar a sus familias y a sí mismos.
La igualdad se reconoce también en el art. 14 de la vigente Constitución Española: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Aprovechando la celebración de este Día, la Diputación de León quiere reiterar que su principal labor radica en garantizar que todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia, puedan tener las mismas oportunidades de acceso a todos los servicios, una circunstancia que sufren muchos de los leoneses que residen en el área rural de la provincia a todos los niveles, desde servicios de primera necesidad, como la sanidad o la educación, hasta las telecomunicaciones, la televisión o el transporte, entre muchas otras.
Esta discriminación en relación con las ciudades hace que las personas que residen en los pueblos sean más vulnerables, ya que no disponen de las mismas oportunidades.
Evitar estas situaciones es una de las razones de ser de esta Diputación provincial, ya que es imprescindible para dar cumplimiento al artículo 139 de la Constitución, que garantiza que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del estado». Hay millones de ciudadanos que viven en el medio rural, en su mayoría en pequeños pueblos, a los que no se les pueden negar los mismos derechos, oportunidades y obligaciones que al resto de ciudadanos. Sería injusto convertirlos en ciudadanos de segunda división.
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