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Unión en pro de medidas para salvar León

Unión en pro de medidas para salvar León

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El alcalde, José Antonio Diez, durante una sesión plenaria que combinó la modalidad presencial y la telemática. | CÉSAR Ampliar imagen El alcalde, José Antonio Diez, durante una sesión plenaria que combinó la modalidad presencial y la telemática. | CÉSAR
Alfonso Martínez | 01/12/2020 A A
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Unión en pro de medidas para salvar León
Municipal Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de León secundan una moción del PSOE para pedir al Gobierno y a la Junta ayudas para la reactivación económica de la ciudad
Unidad política en el Ayuntamiento de León para reclamar tanto al Gobierno como a la Junta medidas que reactiven la economía y permitan «salvar» la ciudad tras la situación provocada por la pandemia de coronavirus.

Todos los grupos municipales secundaron este lunes una moción planteada por el PSOE en la que se pide a la administración autonómica la convocatoria «inmediata» de una línea de subvenciones directas para profesionales autónomos y empresas del comercio minorista, centros deportivos, restauración, hostelería y ocio nocturno que se hayan visto afectados por el cierre total o parcial de sus negocios desde el inicio de la crisis sanitaria y que mantengan el compromiso de mantenimiento del empleo para financiar gastos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, alquileres, mantenimiento de instalaciones y maquinaria, seguros, cuotas por pertenecer a alguna asociación del sector y asesoría fiscal, contable o legal relacionados con el Covid-19. La moción establece una cuantía máxima subvencionable de 10.000 euros y del 75% de los gastos ocasionados.

Otra de las peticiones planteadas a la Junta es la convocatoria de inmediata de un ‘cheque de resistencia’ para microempresas de menos de diez trabajadores, cuyo volumen de negocios o balance general no exceda de dos y que se hayan visto afectados por las restricciones para frenar la propagación del coronavirus. El importe de dicho cheque oscilaría entre 150 y 300 euros semanales en función del número de trabajadores.

Mientras, al Gobierno de España se le exige «agilizar los trámites administrativos de los Erte para que los pagos de estos se produzcan a la mayor brevedad posible desde su correcta tramitación», así como «estudiar la ampliación de los periodos de carencia y amortización de los créditos ICO para que los negocios que sean viables puedan mantener la actividad y atender los reembolsos previstos cuando se recupere la normalidad». Iniciar «a la mayor brevedad» posible un plan para formar a los trabajadores del sector turístico y convocar una conferencia sectorial extraordinaria con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para impulsar un plan de apoyo a la hostelería, con medidas complementarias a las autonómicas y que cuente con la correspondiente dotación presupuestaria son otras de las medidas solicitadas a la administración estatal en la moción aprobada por unanimidad en sesión plenaria.

La concejala de Promoción Económica, Susana Travesí, fue la encargada de defender la propuesta y recordar que es necesaria la implicación de las instituciones que tienen «competencias y recursos» para que la ciudad pueda «salvar» la situación económica provocada por la pandemia.

PP, Ciudadanos y Podemos no intervinieron en el debate de la moción propuesta por el PSOE, mientras que el concejal de UPL Julio Valdeón mostró su apoyo al texto y reclamó que las medidas que se adopten deben ser efectivas y no «de cara a la galería».

Rechazo a la Ley Celaá


Otra de las mociones aprobada por unanimidad fue la planteada por UPL y firmada posteriormente por el resto de los grupos para considerar la cultura como una actividad «esencial» y apostar por impulsar para los leoneses una oferta amplia y variada que apueste por la presencialidad siempre que se respeten las medidas de seguridad sanitaria.

Mientras, el debate más prolijo y prolongado de la sesión –más de una hora– llegó con una moción de PP y Ciudadanos para rechazar la Ley Celaá, asunto en el que los municipios carecen de competencia alguna. La propuesta debatida considera que la ley resulta lesiva para la libertad de elección de centro educativo por parte de los padres y para la integridad del español como lengua vehicular y de referencia en el sistema.

La propuesta salió adelante con los votos de PP y Cs y gracias a la abstención de los concejales de UPL, mientras que PSOE y Podemos se mostraron contrarios a la misma.
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