Entre las razones que esgrime el Gobierno para esta modificación, que lleva años debatiéndose, se encuentra la armonización con países del entorno como Francia o Portugal, la mayor competitividad con la reducción de costes para las empresas cargadoras y la reducción de la huella ambiental del transporte por carretera. No obstante, tanto la patronal como los sindicatos de la provincia consideran que no se ha demostrado plenamente que el aumento de la carga conlleve necesariamente tales beneficios y esgrimen una razón de peso para rechazarlo: La seguridad vial.
Podemos tener accidentes y luego nos llevamos las manos a la cabeza, la seguridad es los primero El presidente de la Asociación de Transporte de Mercancías de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Agapito Suárez, explica, en líneas generales, que «la red vial no reúne las condiciones» para que la MMA de los camiones se incremente en un 10%, lo que supone mayores distancias de frenada o mayor fuerza en un eventual impacto. Suárez especifica que «los firmes de las vías españolas» no están preparadas y cita como ejemplo cercano la autovía León-Benavente (A-66), en muy mal estado durante años y reparada recientemente, aunque el resultado no es satisfactorio para los usuarios. «Los camiones, prácticamente, no se tienen», concreta Suárez. El representante de la patronal considera que «si nos queremos igualar con Francia, también nos tenemos que igualar en las infraestructuras». Agapito Suárez concluye el debate recordando que «podemos tener accidentes y luego nos llevamos las manos a la cabeza, la seguridad es los primero, de los trabajadores y de los usuarios».
En el empleo
En la misma línea de rechazo se expresa el responsable del sector en FSMC-UGT León, Juan Antonio Martínez Salvadores, que apunta también la posible reducción en el empleo de alrededor del 15%, porque «sobraría uno de cada seis camiones». Martínez Salvadores considera que las empresas cargadoras tratarán de aprovechar al máximo el aumento de carga, con lo que se reducirá el número de vehículos necesarios. Según el último Anuario Estadístico de la Dirección General de Tráfico (DGT), al cierre del 2019 estaban dados de alta en la provincia 2.297 semirremolques de más de 10 toneladas. Así, en León operan actualmente alrededor de 2.300 conductores –el sector provincial demanda más chóferes, de mercancías y de pasajeros–, por lo que la medida podría llegar a amenazar el empleo de 345 trabajadores, como exponen desde UGT.
Martínez Salvadores considera que no es el momento de realizar esta modificaciones, tanto por la situación de crisis en la que se encuentra el país y que podría complicar todavía más la situación económica de estas familias y, en línea con la patronal, porque no está garantizada la seguridad de los propios conductores. En este sentido, destaca la «singularidad» de la provincia, en la que dado el peso del sector agraria se mueven cantidades importantes de mercancías por vías de la red provincial.
Por otra parte, el representante sindical indica que no solo las carreteras son un factor de riesgo, también lo es la antigüedad del parque de camiones, que en España supera los 10 años en su mayoría. Martínez Salvadores indica que este hecho también influye en la posible ventaja medioambiental de tener menos camiones circulando, ya que si estos consumen y emiten más gases contaminantes se pierde el efecto perseguido con el aumento de la MMA.
Por último, desde el sector logístico también apunta los necesarios cambios que tendrán que realizar tanto en los centros —también se amplía la altura máxima a 4,5 metros— como en cuestiones de funcionamiento interno. Con todo ello, por el momento, el cambio suscita más rechazo que aprobación en un sector, el logístico, que se está impulsando en León como yacimiento deempleo estable y de riqueza para toda la sociedad.