Seiasa invierte 61 millones para modernizar el regadío de 1.800 agricultores

Está previsto que afecte a cerca de 8.000 hectáreas de la provincia de León

Ical
30/08/2018
 Actualizado a 14/09/2019
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, se reúne con Alejandro Alonso, presidente de Seiasa. | ICAL
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, se reúne con Alejandro Alonso, presidente de Seiasa. | ICAL
La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) firmará en septiembre u octubre seis convenios con las respectivas comunidades de regantes de Castilla y León para la modernización de regadíos por un importe estimado de 80 millones de euros, que afectarán a 12.000 hectáreas y beneficiarán a 3.000 agricultores, cuya puesta en servicio está prevista, en función de cada obra, entre 2020 y 2022.

Solo en la provincia de León está previsto que se inviertan 61 millones para actuar sobre cerca de 8.000 hectáreas de regadío y beneficiar así a 1.800 agricultores. 

Así lo explicaron este jueves la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el presidente de Seiasa, Alejandro Alonso, al término de una reunión en la que repasaron las actuaciones de regadíos pendientes en la Comunidad y garantizaron que se agilizarán los plazos de la “compleja” tramitación administrativa.

Después de expresar la “tranquilidad” a las comunidades de regantes, Barcones subrayó que la modernización de estas infraestructuras es una “pieza clave” para fijar población, crear empleo, reducir el consumo de agua y mermar el impacto ambiental.

En concreto, los convenios se firmarán con las comunidades de regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, Canal del Páramo de León, Canal Pisuerga en Palencia, Canal Zorita en Salamanca, Vegas de Castronuño y Canal Pollos, ambas en Valladolid.

En el Páramo Bajo León-Zamora se actuará en el sector 7 sobre 3.508 hectáreas con un coste de 31 millones de euros para 627 agricultores; en el canal Páramo de León sectores 4 y 6 se intervendrá en 4.288 hectáreas para 1.164 regantes con 30 millones; en el canal Pisuerga, zona de Santoyo, serán 2.000 hectáreas para 337 agricultores y 11,9 millones.

En el caso de Valladolid, una de las zonas es Vegas de Castronuño, donde se verán afectarán en la modernización 391 hectáreas y 191 regantes con una inversión de 5 millones y en el canal de Pollos lo previsto es actuar en 1.272 hectáreas que beneficiarán a 195 regantes y requerirá un coste de 11,9 millones.

Alejandro Alonso manifestó que “no es prudente poner fecha” a la finalización de cada obra, si bien precisó que la estimación es el año 2020 para las obras más pequeñas y entre 2021 y 2022 para las mayores. “La ejecución tiene una tramitación compleja”, recalcó.

De esa manera, explicó que una vez suscritos los convenios con las comunidades de regantes y con la Junta se inician los proyectos concretos de cada obra, se someten a la declaración de impacto ambiental, se aprueban por el Ministerio de Agricultura y la Comunidad Autónoma -con la que existe un convenio marco-, se licita y comienza la obra, cuyo proceso se puede dilatar dos años.

“El compromiso es ejecutar las seis actuaciones en bloque en el menor plazo posible”, aseguró el directivo de la empresa estatal, que garantizó agilizar la tramitación administrativa para que las infraestructuras estén a disposición de lo regantes lo antes posible.

Alonso calificó de “buena” la financiación desde la eficacia en la utilización de los recursos públicos y detalló que la Junta, en base al convenio marco, elige realizar el 26 por ciento de una obra y el resto, el 74 por ciento, se ejecuta con la aportación de los regantes -el 32,43 por ciento-, y de Seiasa. En ambos casos, tanto en la parte de la comunidad autónoma como de la administración central se cuenta con la cofinanciación de fondos europeos a través del Feader.

El presidente de Seiasa destacó que la empresa cuenta en Castilla y León con una oficina técnica “potente” y afirmó que hasta ahora han actuado con 29 comunidades de regantes de la Comunidad en 61 intervenciones de modernización por un montante de 500 millones.
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