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Proudhon

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25/01/2015 A A
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Proudhon
Me he despertado con la vena anarquista; si son ustedes gente de orden, no sigan leyendo. Como diría Bárcenas, el que avisa no es traidor. En 1840, cuando por el Páramo leonés viajaba Gil y Carrasco en las caravanas de maragatos, un tal Proudhon afirmaba en París que la propiedad es imposible y que, en todo caso, la propiedad es un robo, teoría que luego en nuestro país se elevó a rango constitucional. En efecto, la Constitución Española –esa con la que envuelven el bacalao en la pescadería de Génova y los chorizos en la charcutería de Ferraz– reconoce en su artº. 35 el derecho a la propiedad privada, pero no de modo absoluto, sino delimitado en ese mismo artículo por la función social.

¿Hay algo más solidario y cristiano que la función social de la propiedad?: repasen los decretos del Concilio Vaticano II sobre «la índole social de la propiedad privada y el destino común de los bienes terrenales». Sin embargo, en esta sociedad del embudo, las leyes, la Banca, los jueces y los gobiernos solo quieren leer parte del artículo 35 y elevan la propiedad a categoría sagrada, protegida por mil alambradas jurídicas, mercantiles o policiales, mientras apenas se defiende la función social de la propiedad, que también está en la Constitución, reforzada cuando en el art.º 47 se afirma que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».

En España hay ahora mismo 3,4 millones de viviendas vacías: somos líderes en Europa (en Francia no llegan a dos millones, 1,8 en Alemania, etc.), con un mercado inmobiliario y de alquiler desplomado y caótico, con grandes bolsas de viviendas en manos de fondos buitres, fuera de control. Mientras esos 3,4 millones de viviendas ociosas se deprecian y deterioran, la Banca desahucia a una familia cada 15 minutos: «515 desahucios diarios», decía ABC en 2012, y el ritmo continuó en 2013 y 2014. Cincuenta mil familias (modestas, necesitadas, pobres de solemnidad) a la calle cada año; más de trescientas mil familias desde que comenzó la crisis, que podrían haber seguido en sus casas y aún así sobrarían tres millones de viviendas vacías. De modo que sí, pienso como Proudhon, que este ejercicio de la propiedad es un robo, un atraco social prohibido por la Constitución.
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