Prisión provisional y sin fianza para José Luis Ulibarri

El juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de dispositivos de gestión de tráfico en diversas comunidades autónomas, acordó prisión provisional para tres personas, entre ellas el empresario leonés José Luis Ulibarri, mientras que otros seis detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña.

El nota hecha pública por el tribunal se refiere al editor de Diario de León como "un importante empresario de Castilla y León ya procesado en otra causa por corrupción", en referencia a la petición de 7 años de prisión por tres delitos dentro de la trama Gürtel por el presunto pago de sobornos a cambio de adjudicaciones en Boadilla del Monte (Madrid), pendiente de juicio.

El titular del Juzgado finalizó a las tres de la madrugada de este jueves la toma de declaración de nueve de los detenidos en esta operación que se ha desarrollado desde el pasado martes y en la que se produjeron medio centenar de arrestos, de los que 15 deben pasar a disposición judicial. Está previsto que a lo largo del día de hoy, los agentes de la Policía continúen con la puesta a disposición judicial del resto de detenidos pendientes de comparecer ante el magistrado instructor, según el citado tribunal.

En la mañana de ayer, se produjo la declaración de cuatro personas, entre ellos dos responsables de la empresa Gespol, tras lo que el titular del Juzgado ordenó el ingreso en prisión de uno de ellos. Ya por la tarde, desde las 19.00 horas, comparecieron otras cinco personas, con residencia en Madrid, de las que dos de ellas tendrán que ingresar en prisión y otras tres quedaron en libertad con obligaciones.

Hasta el momento, en el marco de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, se han practicado 55 entradas y registros en diversas comunidades autónomas, en ayuntamientos, domicilios y sociedades. Estos registros se realizaron, entre otros lugares, en las provincias de Barcelona, Gijón, Huesca, León, Madrid, Málaga, Oviedo, Teruel, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. También, se han realizado 19 requerimientos de información y la cifra de detenidos se eleva a unos 50.

La causa, que continúa secreta, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, así como falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

El Ministerio Fiscal inició la operación en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), con la participación más de medio millar de agentes en toda España bajo la dirección de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.