Según el tipo de delito denunciado, la mayoría fue por lesiones y malos tratos previstas en el artículo 153 del Código Penal (526 de 1.009) y 209 por lesiones y malos tratos del título de las torturas y otros delitos contra la integridad moral (artículo 173). Además, otras 78 fueron por delitos contra la libertad, seis por considerar vulnerada la integridad moral y otras cuatro por lesiones más graves.
Asimismo, los tribunales leoneses dictaron 375 medidas de protección y seguridad de naturaleza penal con orden de protección para la víctima y otras 329 sin acordar orden de protección. Entre las medidas dictadas contra los presuntos autores de estos delitos de malos tratos, 19 fueron privativas de libertad y en 21 casos se les obligó a salir del domicilio. En todo caso, las medidas más habituales fueron el alejamiento respecto de la víctima y la prohibición de comunicar con ella. Por otra parte, las medidas y órdenes solicitadas ascendieron a 327.
Causas sobreseídas
Por forma de terminación de los procedimientos, el sobreseimiento se sigue imponiendo. Casi la mitad (un 48,1% de los asuntos) se resolvieron por esta vía, en su mayoría de forma provisional, y eso que ha bajado considerablemente el porcentaje respecto al ejercicio anterior, cuando los procedimientos sobreseídos representaban en 57,5% del total.
Casi la mitad de los procesos fueron sobreseídos, en su mayoría por no poder probar la perpetración del delito
El 45,8% se sobreseyó de forma provisional por no resultar justificada la perpetración del delito. Fue el caso de 400 de las denuncias. Otra veintena terminaron con sobreseimiento libre, ya fuera por no ver la Justicia indicios de delito, por que el hecho no era constitutivo de delito o por exención de la responsabilidad criminal.
Los procedimientos que terminaron con sentencia representaron el pasado año el 20% del total, y de ellas, algo más de ocho de cada diez fueron condenatorias. Concretamente se enjuició a 174 personas por violencia de género, todas ellas hombres, y 148 (el 85,1%) fueron condenados frente a los 26 absueltos.
A nivel autonómico, Castilla y León registró el pasado año la tasa más baja de violencia de género en el país con 41,99 víctimas por cada 10.000 mujeres, muy por debajo de la media nacional que se situó en 66,65, según el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que figuran las 5.410 denuncias presentadas en los órganos judiciales de la comunidad, que supone un 16,8% más que en 2016. En total, en el territorio castellano y leonés se contabilizaron 5.167 víctimas y 158.217 en España. A pesar de ser la región con la tasa más reducida, ésta es siete puntos más alta que en 2016 (34,8 por cada 10.000). La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, valoró el importante aumento de denuncias presentadas en los órganos judiciales, lo que «sitúa, por un lado, un escenario en el que es positivo que afloren todas las conductas violentas hacia la mujer y hacia los menores y, por otro, es evidente que sacude internamente esta lacra, pues se trata de cifras inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada».