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¿Nos vacunamos?

¿Nos vacunamos?

OPINIóN IR

24/11/2020 A A
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¿Nos vacunamos?
Coincidiendo con el Día del Niño, mi hijo de cuatro años salía del colegio muy contento y orgulloso, porque habían hecho unas orejas de Mickey Mouse en las que se podía leer: «Feliz día de los derechos del niño». Con la inocencia que les caracteriza, me explicaba con afán que es que era «el día de los Derechos de los niños», pero a continuación, con cierta duda sobre lo que me había ‘enseñado’ me preguntaba: mamá, ¿qué son derechos?

Pese a que una se pasa el día defendiendo derechos en esta profesión, nunca se había visto en el aprieto de tener que explicar a un pequeño lo que son los derechos, así que lo primero que se me ocurrió fue empezar poniéndole ejemplos de lo que son obligaciones, para después pasar a trasladarle ejemplos sobre los derechos.

Eso hizo darme cuenta lo difícil que es apartar lo uno de lo otro.., difícilmente puede haber derechos si no hay obligaciones, ni tampoco se conciben las obligaciones si no hubiera derechos, supongo que aquí viene al pelo eso de… «una de cal y otra de arena», pero.., ¿qué pasa cuando hay cosas que pueden convertirse bien en un derecho o bien en una obligación?

Los esperados titulares sobre la ansiada vacuna contra la Covid-19 han llegado por fin a nuestras pantallas en días pasados, así que, aparte del estupor que produce ver a las farmacéuticas entonar sus porcentajes de eficacia como si estuviéramos en una casa de subastas, ahora ya se escucha el debate con más vehemencia sobre el «yo no me pongo esa vacuna ni loco», o quienes dicen «yo me la pongo sí o sí».

El siguiente debate que ha surgido es sobre la obligatoriedad o no de esa vacunación. Pese a que desde el gobierno central se ha apuntado a la voluntariedad, como quiera que no es la primera vez durante esta larga pandemia, que después de blanco escuchamos decir negro a nuestros gobernantes, procede poner en cuarentena esa afirmación y estar expectantes.

Como saben, y al menos hasta ahora, la vacunación no es obligatoria en nuestro país, y por lo general, nos encontramos en el ranking de los países donde su población, de forma voluntaria, se acoge a las campañas de vacunación. Sólo en casos concretos se ha tenido que acudir al auxilio ante los tribunales para que aquellos exigieran la vacunación a una determinada persona o grupo de personas, ante unas concretas circunstancias.

Sin embargo, no en vano, hay que recordar que los artículos 15 y 43 de la Constitución Española defienden el derecho a la vida y a la integridad física y, en la medida en que prevé que corresponde a los poderes públicos la preservación de la protección de la salud, a través de medidas preventivas, podría ocurrir que la vacuna de la Covid-19 se fijara como una obligación, y no como el derecho que en principio debería de ser.

En contra a esa posible obligatoriedad de la vacuna, tenemos la Ley 41/2002, Básica de Autonomía del Paciente, en la que se reconoce el principio de autonomía de la voluntad, y el derecho de aceptar o rechazar un tratamiento o actuación sanitaria.

Ahora bien, además de la Constitución, también existen otras leyes que contemplan la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria, como pueden ser la Ley 22/1880, en la que se contempla la posibilidad de que las autoridades sanitarias impongan la vacunación obligatoria en una serie de supuestos, o también, contamos con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio, que prevé en su artículo 12 que el Estado podría imponer medidas para luchar contra enfermedades infecciosas.

Si acudiéramos a la vía jurisprudencial, es muy probable que, de elevarse el conflicto de derechos ante el Tribunal Constitucional, aquel pudiera terminar avalando esa obligatoriedad si se justifica su fin legítimo, como pudiera ser la protección de la salud, pero siempre previa ponderación del interés general frente al singular del paciente o ciudadano.

Quizá en esta ocasión, y a diferencia de como se ha venido actuando por parte de nuestros gobernantes a lo largo de estos difíciles meses, deberían de hacer un esfuerzo de una vez por todas y trasladar a los ciudadanos toda la información posible y certera que exista sobre la eventual vacuna con la que se cuente, pues no puede obviarse que otro de los derechos que entran en juego es el que contempla la Ley de Autonomía del Paciente, al indicar con claridad que el consentimiento de los pacientes debe de obtenerse después de recibir una adecuada información. Precisamente el pasado mes de septiembre se pronunciaba nuestro Tribunal Supremo sobre la enorme importancia del «consentimiento informado» como una parte esencial de la llamada «Lex Artis» de la Sanidad, y nos dice el Tribunal Supremo que lo realmente trascendente es que el paciente conozca las ventajas y los inconvenientes de la acción concreta que se va a realizar: información clara, previa a la decisión.

En definitiva, no sabemos qué ocurrirá, ¿se convertirá en un derecho o en una obligación?, pero sea como fuere, esperemos recibir en esta ocasión toda la información precisa y real, y ya luego, sólo nos quedará encomendarnos a los santos para que no nos salga una tercera oreja…
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