Matar vacas

Nunca he pensado que a la Junta de Castilla y León le interesara matar vacas así porque así aplicando las normas de las campañas de saneamiento ganadero. Al contrario, pienso que ha sido una medida extrema y altamente dolorosa por la repercusión en la economía de la explotación afectada y la repercusión en las arcas públicas. Sé lo que es esto en primera persona, pues hace unos treinta y cinco años, recién salido de la facultad de Veterinaria, sospeché de la presencia de la bacteria en la ganadería familiar de mis padres y, ante una prueba a petición de parte y resultados positivos, se llevaron a matadero a las 30 vacas frisonas, que era todo lo que había para vivir en casa. A principios de los años noventa se acordó un chequeo sistematizado a toda la cabaña ganadera, y ha sido en el año 2021 cuando por fin se llegó a la prevalencia cero, es decir, ninguna ganadería con animales positivos a tuberculosis bovina. Un rebrote en la Montaña Oriental leonesa ha vuelto a cuestionar los métodos, los procedimientos, los planes sanitarios, eso y el criterio de un partido político del gobierno de coalición que en esto piensa parecido a lo que piensa Alfonso Fernández Mañueco influido por las fuerzas vivas del mundo ganadero salmantino. Todo parece que en las próximas semanas va a haber cambios normativos o interpretativos en Castilla y León respecto a este tema, y puede que lo que decidan choque con lo que piensa el Ministerio de Agricultura y con lo que piensa la Unión Europea. Su éxito será nuestro éxito, y su fracaso, que el mundo veterinario lo da por descontado, será nuestro fracaso. La opinión de los ganaderos está dividida, y el que apuesta por el rigor es el que no habla, mientras que el que apuesta por flexibilizar, el que compra el discurso de Vox, está abonado al Twitter. Y sea como sea, si ahora al final del partido se cambian las reglas del juego, si se reconoce un error en los procedimientos anteriores, habrá ganaderos a los que se les han sacrificado todas sus vacas que se considerarán con derecho a reclamar daños patrimoniales a la Junta.