Casi 200 categorías en 17 convenios,algunos de ellos recientemente renovados. Los convenios afectados son los deActividades Agropecuarias, Clínicas Dentales, Comercio de Alimentación, Comercio del Metal, Comercio e Industria de la Vid, Comercio de Madera y Mueble, Comercio de Materiales de Construcción, Comercio Textil y Piel Industrias de la Madera (de primera y de segunda transformación), Industria de Panadería, Limpieza Edificios y Locales, Pompas Fúnebres, Prótesis Dental, Transporte Interurbano de Viajeros o Transporte de Mercancías de Carretera, tan en boga en estos días.
Los secretarios regionales de Acción Sindical de UGT y CCOO, Raúl Santa Eufemia y Fernando Fraile, hicieron pública ayer la exigenciala patronal, tras recordar que dicho acuerdo es de obligado cumplimiento desde el 1 de enero del presente año y pese a ello en Castilla y León aún la referida subida no ha sido aplicada en 106 convenios colectivos sectoriales en Castilla y León que afectan a 724 categorías profesionales, lo que supone que cerca de 100.000 trabajadores siguen con emolumentos por debajo de los 1.000 euros acordados.
"Lo que pedimos es que esa subida se aplique ya en esos 106 convenios, tanto en los 42 vigentes como en los 64 que están en proceso de negociación", ha apuntado Fernando Fraile, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, advierte de que la situación en Castilla y León sería muy distinta si la CEOE CyL «no se hubiera declarado insumisa y hubiera cumplido el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva pactado en 2018», pues de haberlo aplicado, ningún trabajador en la Comunidad estaría hoy cobrando por debajo del SMI.
Posibles movilizaciones
Por eso, el representante de CCOO exige a la patronal castellana y leonesa "responsabilidad como interlocutor legítimo en la negociación colectiva para que actualice aquellos salarios que aún continúan por debajo de ese incremento del SMI acordado de 1.000 euros mensuales, hasta los 14.000 anuales, contando con dos pagas, pues en caso contrario no descarta el inicio de movilizaciones.
El sindicalista advierte de que esa falta de actualización es todavía más grave por cuanto el 25 por ciento de esos 100.000 trabajadores afectados prestan servicio a tiempo parcial, al tiempo que ha precisado que los más afectados son los sectores servicios y agrícola y por provincias Ávila, con 85 categorías por debajo del SMI, y, sobre todo, León, pues cuenta con 199 categorías por debajo".
"El caso de León es el más sangrante y la situación se arrastra desde la negociación de 2018. La patronal leonesa tendría que hacérselo mirar", ha censurado Fraile.
En la misma línea, su homólogo en UGT, Raúl Santa Eufemia, se ha felicitado de ese incremento del SMI para 2022 y el más que probable para 2023, en el que se prevé que el aumento alcance los 1.080 euros, aunque al mismo tiempo ha reconocido que "siguen siendo insuficientes si se tiene en cuenta que el IPC está por encima del 7 por ciento".
Santa Eufemia también urge al presidente de CEOE CyL que tome cartas en el asunto para que las distintas patronales en Castilla y León cumplan y apliquen la citada subida del SMI, algo que ya le han transmitido a través de una carta que aún sigue sin respuesta.
"Estamos denunciando que si no se aplica ese incremento no solo salen perjudicados los trabajadores sino también la Seguridad Social", denuncia el representante de UGT, quien también desmiente que la subida del SMI supondrá la destrucción de empleo sino que la misma, además de tener repercusión en los subsidios de los empleados del SEPE, tendrá una gran incidencia en la economía, «ya que el motor de la misma no son las empresas sino el dinero que tienen las familias en su bolsillo para poder consumir".
Rechazo de Fele
En este contexto, cabe recordar que el pasado febrero,la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) mostró el rechazo a la subida del SMI. Consideran que el contexto económico es de "incertidumbre, en el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad".
Al igual que Ceoe y Cepyme, Fele recuerda que, mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha recuperado los niveles de 2019 (previos a la crisis), el excedente bruto de explotación todavía está muy lejos de normalizar su situación y continúa siendo un 6,6% inferior al de 2019.
Por ello, consideran que "una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo". Una declaraciones que se vertían a la opinión pública antes de que surgieran los problemas con el cierre patronal del sector del transporte.
No obstante, ya advertían que la nueva subida "se plantea después de que las empresas hayan asumido una subida del 30% en el SMI desde 2019, con una reciente subida en septiembre del pasado año, y de que se haya aplicado una subida de cotizaciones sociales aparejadas a los salarios, conformando un coste total por empleado para las empresas muy superior a esos 1.167 euros mensuales que se proponen y que sobrepasaría los 1.500 euros en términos generales".
En definitiva, aseguraban que "la propuesta del Gobierno es inasumible" y que "no es el momento de aplicar una nueva subida del SMI en 2022, que parece responder más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica".