Marino Arranz: "Apuesto por las escuelas rurales para fijar población. Otra cosa es su efectividad en el siglo de las tecnologías"

El presidente del Consejo Escolar de Castilla y León defiende que "hay que modificar la forma de acceso a la función pública docente y valorar otras habilidades"

Ical
12/10/2018
 Actualizado a 19/09/2019
Marino Arranz, presidente del Consejo Escolar. | ICAL
Marino Arranz, presidente del Consejo Escolar. | ICAL
Tras más de 20 años como docente y ejercer como catedrático de Física y Química en el Instituto Ramón y Cajal de Valladolid y ser director de Programas de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid, fue nombrado en 1999 director general de Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de Educación. Desde 2011, Marino Arranz es presidente del Consejo Escolar de Castilla y León, cuando fue propuesto por el consejero Juan José Mateos. Está al frente de un órgano, compuesto por 60 consejeros, para la participación de los sectores sociales afectados en la programación general de la enseñanza y de consulta y asesoramiento en niveles no universitarios. Reconoce a la Agencia Ical que siente mucho orgullo cuando otros presidentes de consejos escolares le felicitan por los resultados educativos de la comunidad. “Es una labor que refleja el buen hacer del profesorado de esta Comunidad y la implicación de las familias para buscar el éxito educativo, sin olvidar el trabajo de los equipos directivos de los centros”, asegura.

- ¿Considera que las familias se implican lo suficiente con la educación de sus hijos?
- Siempre he pedido que los padres y madres vayan a los centros para implicarse y no buscar grietas o entrar en peleas. Uno de los factores que permite que el alumnado de Castilla y León obtenga buenos resultados es la implicación parental, más allá de la participación orgánica.

- ¿Por qué decidió el Consejo Escolar elaborar un documento sobre los deberes?
- Teníamos que dar respuesta a un debate social que estaba en pleno apogeo, con posturas a favor y en contra de los deberes y en qué medida. Nuestra conclusión fue que eran tan importantes los tiempos de estudio como los descansos, ya que ambos son favorecedores del verdadero aprendizaje. Planteamos que hubiera un acuerdo en los centros, las familias, el equipo directivo y los profesores a principio de curso. También recomendamos que el profesorado fuera consciente de no cargar en exceso con deberes y trabajos fuera del aula de un día para otro, en una semana o el fin de semana. El Consejo Escolar planteaba programar estas tareas a lo largo de un mes o un trimestre así como evitar los deberes repetitivos y que los padres ayudaran a sus hijos.

- ¿Ha habido un cumplimiento con la guía que elaboró la consejería?
- La aplicación de las guías corre a cargo de los centros, con la colaboración de los padres. Las quejas de las familias han disminuido sensiblemente, con lo que ha habido una concienciación de trabajar conjuntamente. La consejería hizo un seguimiento y concluyó que muchos centros tomaron en consideración la guía de deberes, aplicando las grandes líneas en función de sus características.

- ¿Considera que se está perdiendo la cultura del esfuerzo del alumnado?
- Es un tema recurrente porque hay peticiones de que las normas que salen de la consejería valoren el esfuerzo. Hemos elaborado algunos dictámenes en los que padres y profesores proponen que se valore el esfuerzo, tanto en las tareas realizadas en el aula como en las externas.

- ¿Qué valoración hace el Consejo Escolar sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula?
- El uso de las TIC como las tabletas supone un cambio sustancial para la labor docente. No se puede enseñar como hace 30 años cuando un niño está más pendiente de los temas tecnológicos que del libro en papel o la explicación del profesor. Hay que formar al profesorado en este ámbito para favorecer el aprendizaje del alumno.

- ¿Son partidarios de legislar por el uso del teléfono móvil en las aulas?
- Sería muy buena idea la utilización del móvil en el aula siempre que sea por motivos y objetos escolares como resolver una ecuación. Hay que tener cuidado que eso no derive en una distracción absoluta del alumno.

- ¿Urge rebajar el porcentaje de interinidad de los profesores?
- Siempre hemos apostado porque el porcentaje de interinidad baje a los niveles acordados con los sindicatos. Contar con profesores titulares en los centros es muy positivo para la comunidad educativa. Permite una implicación mayor, a medio y largo plazo. Defendemos la convocatoria de nuevas oposiciones. Eso sí, siempre es bueno, como en algunas etapas de Formación Profesional, que exista un ‘gap’ de interinidad para poder abordar los cambios de oferta educativa.

- ¿Es preocupante que hayan quedado tantas plazas libres de Matemáticas y Físicas en las últimas oposiciones de Secundaria?
- Naturalmente. Lo normal es que se hubiera cubierto el 95 por ciento de las plazas. Pero hay que respetar el trabajo de los profesores que han puesto las pruebas y de los tribunales evaluadores. El problema de fondo es que hay que modificar la forma de acceso a la función pública docente y valorar otras habilidades (más blandas como relación con el alumnado, vinculación con las necesidades puntuales o trabajo en grupo).

- ¿Está el sistema preparado para afrontar con garantías la educación bilingüe?
- El profesorado se está preparando porque es consciente de que el futuro del bilingüismo está, ya, a la vuelta de la esquina y de su importancia. La consejería oferta acciones formativas para los docentes. Es fundamental que estén preparados para el desarrollo de las áreas bilingües porque es clave que el alumnado salga, al final de Bachillerato, con un nivel importante de otro idioma.

- ¿Es posible un Pacto de Estado sobre educación entre las fuerzas políticas o continuaremos con una nueva ley educativa con cada cambio de Gobierno?
- Es muy negativo que haya una ley educativa con cada cambio de Gobierno. Los que llevamos muchos años en la educación sabemos que la permanencia de las normas permite al profesorado saber el camino a seguir. Creo que con la situación actual es imposible que haya un pacto educativo, aunque es algo imprescindible. Siempre he avalado tener un pacto a 20 años pero si es imposible un pacto global sobre toda la educación, debe existir un acuerdo marco sobre una docena de puntos.

- ¿Les preocupan las agresiones en los centros, tanto entre los alumnos como a los profesores?
- Así es. Hay que poner fin a las agresiones porque el centro tiene que ser un lugar de convivencia, de trabajo conjunto y de implicación entre padres y profesores. Además, el ciberacoso va en aumento, por lo que hay que buscar fórmulas para detectarlo, cuanto antes, y ayudar al acosado y al acosador.

- ¿Es posible reducir los índices de fracaso escolar?
- Castilla y León está en unos índices de fracaso escolar entre el 14 y el 15 por ciento. Es un porcentaje muy por debajo de la media nacional aunque aún lejos del objetivo de la UE del 10 por ciento. Hay que evitar las repeticiones de curso y las salidas del alumnado antes de tiempo. Es necesaria la detección precoz de ese problema y utilizar todos los argumentos a nuestro alcance (profesores de apoyo, clases extras, acciones de recuperación puntual o facilitar el acceso a Secundaria y Bachillerato) para evitarlo en el futuro.

- La ministra Isabel Celáa aseguraba hace poco en una entrevista que la educación pública se había convertido en una “red subsidaria” de la concertada. ¿Comparte estas afirmaciones?
- No las comparto, en absoluto. La existencia de las dos redes es una riqueza. Primero, porque atiende al deseo de la académicos de los alumnos sean equiparables entre la enseñanza pública y concertada. La familia debe poder educar a sus hijos en lo que le parezca más conveniente y no podemos decir que están equivocados. Segundo, porque propicia una sana competencia para mejorar constantemente su oferta educativa, su repuesta al alumnado y los resultados.

- ¿Es positivo mantener escuelas con tres alumnos en el medio rural?
- Hay opiniones diversas en el Consejo Escolar. Mi opinión es que la Comunidad se enfrenta a un problema de despoblación en las zonas rurales, por lo que hay que favorecer cualquier acción que contribuya a mantener gente en los pueblos. La existencia de un Colegio Rural Agrupado (CRA) o escuelas puntuales en determinados puntos de la geografía puede ayudar al asentamiento de algunas familias. Otra cuestión es su efectividad de cara al siglo XXI, donde priman tanto las redes sociales o las TIC. Hay un déficit que habrá que solucionar. En cuanto a la socialización, existen los CRIE (Centro Rural de Innovación Educativa) que agrupan colegios para hacer acciones conjuntas.

- ¿Por qué sigue la reticencia de los padres a que sus hijos se matriculen en estudios de Formación Profesional (FP) y se decantan por la universidad?
- Es algo que ha sido heredado desde los años 70 cuando comenzaron a poblarse las universidades, todas las familias pensaban que la mejor opción era la universidad. Coincidió con el error de diferenciar la FP1 y la FP2. Ahora, toma un aire muy potente y la FP Dual es una parte de la solución, aunque hay que dotar bien a los centros y formar bien al profesorado. Defiendo que haya una vinculación triangular entre departamentos universitarios, centros de FP, sobre todo de grado superior, y entorno empresarial, alrededor de las mismas materias.

- ¿Y qué beneficios tendría esto?
- Se crearían campus de conocimiento para evitar que trabajen de forma aislada y permitiría que los alumnos de FP y los universitarios puedan pasar de uno a otro para completar su formación así como conocer las necesidades empresariales y satisfacerlas desde la movilidad de los currículos o crear colaboraciones entre el profesorado, los departamentos y los expertos de las compañías. Es decir, buscar líneas de futuro y predecir cuáles serán las profesiones del futuro. Es donde estará la riqueza para preparar al alumnado con tiempo suficiente y cubrir esas necesidades de futuro.

- ¿Es tan necesaria una EBAU única?
- Hay que luchar por una EBAU única y que haya un solo distrito en toda España porque hay alumnos de algunas comunidades que vienen con notas mayores que lo que le correspondería en un tratamiento normal. Requeriría de una norma básica que elaborara el ministerio para obligar al desarrollo de un proceso único o que hubiera unos factores de corrección en cuanto a las notas de acceso para permitir ubicar la nota en su valor correcto a la hora de entrar en la universidad. Todo esto evitaría fracasos posteriores en la universidad, desplazamiento de alumnado con el consiguiente coste económico y frustración por no estudiar lo deseado, entre otros.
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