Los regantes exigen a la CHD presupuesto para aumentar la regulación

La asociación Ferduero, que aglutina a las comunidades de regantes de toda la cuenca, ha presentado alegaciones a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Duero diseñado por la CHD al considerar que se trata de un documento «ecológico e ideológico» en el que «los usos y la actividad económica pasan a un segundo plano» y que «tiene como único fin la consecución de objetivos ambientales».

De no ser atendidas sus reivindicaciones, Ferduero votará no al plan tanto en el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Duero como en el nacional. A principios de esta semana, mantuvieron una reunión con el director general del agua, Teodoro Estrela, en la que estuvo presente la presidenta de la CHD, Cristina Danés, dentro del proceso de participación pública del nuevo plan hidrológico para «acerar posturas». A pesar de que los regantes no se cierran a continuar con el diálogo con el organismo de cuenca hasta que el nuevo plan sea aprobado en Consejo de Ministros, Ferduero anuncia una concentración el próximo martes 21 de diciembre a las puertas de la sede de la CHD en Valladolid (11:00 horas), con la que pretenden visibilizar el descontento y reclamar que el texto sea modificado teniendo en cuenta sus peticiones un día antes de que se cierre el plazo de consulta pública.

Los regantes convocan una concentración a la puerta de la CHD en Valladolid el martes 21 a las 11:00 horas En él, Ferduero ha presentado un extenso documento de alegaciones ya que considera que «no podemos basarnos en la lucha contra el cambio climático y el logro de la transición ecológica como únicos objetivos, el Reto Demográfico implica también conseguir ineludiblemente la sostenibilidad económica y social, no solo ambiental». También denuncian que el Gobierno «lejos de actuar de forma consecuente con la importancia estratégica de nuestra actividad para la garantía y soberanía alimentarias, nos excluye sistemáticamente de las inversiones». Las medidas incluidas en el plan vigente sobre infraestructuras de regadíos «no han llegado al 30 por ciento de la ejecución prevista para nuestra cuenca», aseguran.

«Los regantes no pueden ser considerados como depredadores del medio ambiente, sino como garantes de su mantenimiento y de la seguridad y sostenibilidad alimentaria», insisten.

Las principales demandas al borrador del nuevo Plan Hidrológico insisten en la necesidad de aumentar la regulación de la cuenca. En concreto, demandan que se incorpore con consignación presupuestaria en el horizonte 2021-2027 las actuaciones propuestas por el estudio ‘Posibilidades de Aumento de Recursos Hídricos de Castilla y León’, elaborado por la Universidad de Burgos y el Itacyl. Entre ellas, se contemplan los embalses de la Rial y Los Morales en el sistema Órbigo y la construcción de las balsas Cuezas I y II en el Carrión, que afectaría también a la provincia de León al reducir la aportación de Riaño a esta zona.

Además, insisten en que «ante cualquier regulación, ampliación de zona regable o proyección de nuevos regadíos que se puedan ejecutar o acometer a corto y largo plazo, debe garantizarse siempre previamente la correcta satisfacción de las demandas de los regadíos existentes y de los que se puedan proyectar en el futuro».

Ferduero pide la retirada del Plan Hidrológico y elaborar un nuevo texto que tenga en cuenta sus propuestas Junto a este aumento de la regulación, que proponen que pueda llevarse a cabo también en los propios ríos, reclaman que se continúe con la modernización de regadíos que favorece un ahorro de agua de entre el 25 y el 30 por ciento. En este sentido, exigen la finalización de la transformación de Payuelos (León) y La Armuña (Salamanca), además de la ejecución de los regadíos de Valderas en la provincia, entre otros de la comunidad.

En otro sentido, piden que se analice «de manera científica y eficiente» la procedencia de la llamada contaminación difusa y «se nos proporcionen los instrumentos adecuados para reducirla». Consideran, en este apartado, que se está «demonizando» al sector y critican que se esté propugnando «una reducción drástica de los fertilizantes que afectará a la rentabilidad de la agricultura».

También se oponen a los peajes «que se pretenden aplicar» en las concesiones de aguas subterráneas que «va a perjudicar de forma significativa a los actuales usuarios». En esta línea, abogan por la constitución de comunidades de regantes de aguas subterráneas.

Por su parte, reclaman que se mantengan los valores actuales establecidos para los caudales ecológicos y que se eliminen los máximos así como mantener «sin ningún tipo de variación» el orden de prelación de usos del agua que figura en el plan vigente.

Otra de las alegaciones se centra en la oposición frontal a cualquier modificación del régimen económico y financiero que pueda suponer un incremento de los costes a la agricultura de regadío, «ya lastrada por las fuertes inversiones que se están acometiendo para modernizarse y por los aumentos de todos los costes de los inputs necesarios para llevar a cabo su actividad».

Por otro lado, apuestan porque se apliquen las mismas dotaciones máximas para todos los usuarios de un mismo sistema, además de agilidad en todas las tramitaciones administrativas y participación real y activa de los usuarios en la elaboración del plan.

Por último, abogan por una campaña de concienciación social en la que participen todos los agentes implicados en la administración del agua en la que se presente a los regantes «como garantes del mantenimiento del medio rural y de la seguridad y sostenibilidad alimentaria».