Desde UPSJ reivindican una negociación colectiva propia, “toda vez que como directores de la Oficina Judicial, no nos sentimos representados por los sindicatos generalistas, y las negociaciones que estos realizan en nuestro nombre, que han sido perjudiciales para nuestro colectivo”.
En relación con lo anterior, recuerdan que no se ha equilibrado la situación entre tareas y retribuciones desde que en el 2009 asumieran “un gran número de competencias procesales y organizativas incrementadas en el año 2015, descargando a otros cuerpos, con su mayor responsabilidad, y siempre a coste cero”.
En este contexto, el pasado diciembre, el sindicato anunció la convocatoria para exigir, además, que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para reconocer el derecho a una negociación propia a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Sin noticias de Pilar Llop
Juan José Yáñez, miembro de la directiva de la UPSJ, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la huelga se mantiene ante la falta de "aproximación" por parte del Ministerio dirigido por Pilar Llop.
Según ha precisado, desde el sindicato han presentado alegaciones contra el borrador de servicios mínimos previsto para este miércoles, al considerarlo "desproporcionado", y, de momento, permanecen a la espera de una respuesta.
Yáñez ha explicado que, hasta ahora, Justicia les ha ofrecido debatir las cuestiones que plantearon el pasado diciembre, aunque les ha avisado que veía como puntos "no negociables" las dos peticiones principales del sindicato: tener una negociación colectiva propia y una adecuación salarial.
Principales reivindicaciones
Desde el sindicado han insistido en que no quieren "continuar en el diseño de una justicia low cost" porque "un servicio público de calidad necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados".
Entre las reivindicaciones reclamadas en diciembre por la UPSJ figura también el "pago inmediato de los 195 euros fijados en el vergonzoso acuerdo alcanzado con los sindicatos" generalistas, pacto que —a su juicio se negoció— "contra los intereses de los letrados de la Administración de Justicia". Dicho monto, han indicado, lo aceptan "únicamente" como "pago primero y parcial de la adecuación salarial a la que obliga la ley".
Además, solicita un acuerdo escrito, tangible y ejecutable "para seguir avanzando en 2022 y 2023 en la adecuación salarial", de manera que se produzca una "equiparación real y efectiva con el resto de grupos A1 de la Administración General del Estado y, en particular, con los de la Administración de Justicia".
En el marco sus peticiones, plantea a su vez la "inmediata entrada en vigor" del Real Decreto 101/2019, que regulaba el régimen de sustituciones voluntarias del Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, así como el inmediato establecimiento del complemento para los nuevos Encargados del Registro civil, que garantice que perciban lo mismo que el hasta ahora Encargado.
Requieren, también, el impulso del resto de cuestiones organizativas y reglamentarias paralizadas en el área de letrados de la Administración de Justicia del Ministerio: modificación del reglamento, sistema de categorías, escalafón, concursos de traslado y el plan de prevención de riesgos laborales.
Por último, solicitan la "inmediata convocatoria" de las oposiciones del Cuerpo de LAJ que este mes ha publicado el Ministerio. Yáñez ha insistido en que sean publicadas con regularidad y "que no pasen otros tres años sin convocar".