Los funcionarios anuncian movilizaciones si no se implanta la carrera profesional

La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) ha anunciado este jueves movilizaciones durante este año si no se implanta y desarrolla la carrera profesional a todos los empleados públicos de la administración autonómica. La medida consiguió aprobarse en forma de ley el año pasado, por lo que desde Uscal buscan "conseguir que se cumplan las leyes que se aprueban", ya que el sistema "debería estar en marcha desde el 1 de enero" de este año.

Por el momento, tan solo el personal de Sacyl tiene implantada la carrera profesional que reclaman desde el sindicato, por lo que el resto de funcionarios "llevamos 14 años de retraso", según denunció la junta directiva de Uscal. La medida afectaría tanto a la plantilla de funcionarios como a los laborales e interinos, que sufren "una situación lamentable".

Desde que en 2007 se aprobara el Estatuto Básico del Empleado Público que permite el desarrollo de la carrera profesional para toda la plantilla, Uscal reclama su implantación y desarrollo a la Junta de Castilla y León, que aprobó finalmente una ley que todavía no se ha puesto en marcha. 

Esta carrera profesional, de carácter horizontal, pretende la progresión de categoría de los empleados sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y ligada al reconocimiento de competencias y a la evaluación del desempeño. Además, es voluntaria, tiene carácter progresivo y consta de cuatro categorías, a cada una de las cuales iría vinculado un complemento retributivo. Esa progresión de categorías se tendría que dar de cinco en cinco años, aunque Uscal reclama que los ascensos se puedan realizar teniendo en cuenta la antigüedad.

Con las movilizaciones previstas, Uscal pretende el desarrollo e implantación a todo el personal autonómico de esta carrera profesional a 1 de enero de 2020, equiparándose así con los empleados sanitarios, para lo que estiman que haya que presupuestar un mínimo de 75 millones de euros. Por último, informarán a todos los empleados públicos de la situación para llevar a cabo protestas "si Presidencia no firma los correspondientes acuerdos que permitan la implementación de las medidas que garanticen el cumplimiento de lo recogido en las leyes", sin descartar un requerimiento administrativo ni la vía judicial.