Los Ceas tramitaron más de 450 descuentos en los recibos de luz

Los Centros de Acción Social (Ceas) de la Diputación de León tramitaron el pasado año 2020 un total de 459 prestaciones de Bono Social Eléctrico en la provincia de León, ya fueran de nuevos beneficiarios o de actualización de la concesión del descuento. Según la información facilitada desde el servicio de Inclusión Social, adscrito al área de Derechos Sociales que dirige la diputada Carolina López, se trata de solicitudes en las que los distintos Ceas de la provincia han intervenido de forma directa, si bien han sido muchos más los usuarios de estos centros los que han demandado información y, posteriormente, han tramitado la prestación por su cuenta.

El bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica de un 25 por ciento para consumidores vulnerables y de un 40 por ciento para aquellos considerados vulnerables severos que cumplan con los requisitos personales, familiares y de renta. Además, permite a aquellas personas o familias en riesgo de exclusión social que están siendo atendidas por los servicios sociales de una administración autonómica o local no tengan que hacer frente a la factura eléctrica.

La crisis social derivada de la situación sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus abría una nueva línea de beneficiarios. Así, los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad a causa del coronavirus y los trabajadores autónomos que hayan visto disminuir su facturación un 75 por ciento con respecto al semestre anterior pueden solicitar también un descuento en la factura del 25 por ciento.

Estos bonos se tramitan directamente con las empresas suministradoras y en esa labor de solicitud de la prestación han intervenido los Ceas de la Diputación de León en 459 casos en el último ejercicio. Los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (cuatro meses desde la primera notificación de impago, frente al plazo general de dos). Tampoco se podrá interrumpir el suministro en caso de impago a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33 por ciento o con grado de dependencia nivel segundo o tercero, previo certificado expedido por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes.