Casos hipotecarios
Aunque el 31 de diciembre concluyó el plazo experimental que se marcaba el Consejo General del Poder Judicial para desarrollar esa experiencia de juzgado único provincial para casos hipotecarios, tras él lo único que se ha hecho, según reconoce Álvarez es mejorar el servicio donde se veía que había más atasco, desdoblando el juzgado inicial y haciendo uno exclusivo «pero no soluciona nada porque sigue siendo un único juzgado para toda la provincia con el consiguiente atasco generalizado», lamenta. Considera que con esta medida se vulneran los derechos del ciudadano «porque una de las normas de la justicia es que sea cercana y asequible», pero eso la aleja de los ciudadanos bercianos que se ven obligados a desplazarse a León «con los costeas añadidos que eso implica».
Antes, este tipo de casos se distribuían en todos los juzgados que de primera instancia, que en Ponferrada son ocho y la presidenta del Colegio considera que esa debería seguir siendo la situación, ya que «no hay una causa que justifique esa especialización solo cuando la demanda es del ciudadano», rechaza, porque cuando la denuncia parte del banco «aunque sea el mismo contrato hipotecario le sirven todos los juzgados de primera instancia de la provincia. Es un absurdo»=, lamenta. La justificación del CGPJ es que se unifica el criterio de la respuesta judicial teniendo un único juzgado, algo que tampoco ve razonable, ya que hay sistemas para dirimir las diferencias en los recursos de apelación. «Se le priva a la sociedad de tener una justicia cercana y accesible», lamenta Álvarez.
Equiparar el turno de oficio
Otra de sus reivindicaciones en el mandato que inicia será la equiparación de honorarios para el turno de oficio y la justicia gratuita, un sistema con el que se declara muy implicada la nueva presidenta. Asegura que en la actualidad, los abogados de colegios de zonas comunes, es decir, aquellas en las que no están transferidas las competencias, llegan a cobrar la tercera parte de las comunidades en las que sí existe esa transferencia. Navarra o País Vasco están a la cabeza, pero también Galicia cobra más que los letrados ponferradinos «y no parece lógico ni justo que sean diferentes porque quien paga a las comunidades autónomas por las transferencias es el Ministerio de Justicia. El dinero sale del mismo sitio», por un trabajo igual. Las tasas son las mismas que en 1996, dice Álvarez, aunque hubo una revisión en 2003 con la ley integral de violencia de género, pero que considera que no fue efectiva para todo el servicio.
En cuanto a los servicios en esta última materia sí aplaude la nueva oferta de atención gratuita para las víctimas, sin tener que acreditar sus medios. Sin embargo, considera que los problemas de violencia de génerosiguen avanzando porque no se pone coto al problema desde sus inicios «se le da respuesta penal a un delito que ya se ha cometido», pero considera que habría queatacarlo antes con la Ley integral de 2004 y aplicar el pacto de estado del año pasado, aprobado por unanimidad. Si no, no se va a acabar con la violencia de género, aunque la respuesta penal sea buena con posterioridad», dice.