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Localizado, al fin, el acusado del caso Orozco Building el juicio se fija ahora para febrero

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I. Herrera | 15/11/2017 A A
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Localizado, al fin, el acusado del caso Orozco Building el juicio se fija ahora para febrero
Tribunales La vista estaba señalada, tras casi una década de instrucción de la causa, para el pasado octubre, pero se suspendió al no localizar a uno de los acusados
Lo que son los plazos: casi diez años para instruir una causa por un presunto delito de apropiación indebida (y estafa, según la acusación particular); seis meses para comunicar la fecha de juicio a los acusados; los mismos seis meses para no localizar a uno de los acusados; dos días de vista previstos para dirimir la responsabilidad de los acusados; un momento para suspenderlo; menos aún para hundir el ánimo a los 21 denunciantes; una hora para que uno de ellos localice a ‘huido’ de la Justicia; un par de semanas para que la Justicia, ahora sí, dé con él, y otros cuatro meses de espera hasta la celebración (confían) del dichoso juicio.

Saben que la casa por la que firmaron un contrato de arras (pagando cantidades de entre 6.000 y 20.000 euros), aquélla en la que invirtieron, en muchos casos, sus ahorros, ésa para la que compraron muebles a medida que allí quedaron, nunca será suya, pero esperan que, al menos, la Justicia les devuelva la inversión y, si procede, les indemnice y sancione a los acusados.

Hace apenas un mes se suspendía la celebración del juicio previsto para los días 23 y 24 de octubre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León al no localizar a uno de los dos acusados sobre el que se dictó orden de busca y captura. No se le había podido notificar la vista y, por tanto, había que volver a parar el proceso. Quizá fue la desesperación convertida ya en hartazgo lo que llevó a uno de los 21 denunciantes a comprobar si tan difícil era dar con este señor. Fuera por lo que fuera, no le llevó más de una hora tenerlo al otro lado del teléfono, algo que la Justicia no había conseguido en medio año.

El caso es que el acusado en cuestión (dos eran los administradores de la empresa Orozco Building, Enrique D.S. y Rafael S.S., éste último el desaparecido) ya ha podido ser localizado y, se da por sentado, notificado, de cara a la nueva fecha de juicio, que se ha fijado para los días 19 y 20 de febrero del próximo año.

El caso

Los denunciantes tenían que haber recibido sus viviendas en las Navidades de 2007, pero no fue ni en aquéllas ni en ninguna otra. Un total de 21 afectados interpusieron denuncia por vía penal allá por septiembre de 2008 una vez que asumieron que habían perdido el piso y sus ahorros. Sobre el edificio pesaba una orden de embargo y los administradores de la empresa se habían esfumado. «Una estafa en toda regla», comenta uno de los afectados. «Al principio, uno de los administradores al menos dio la cara –que el otro, que es el de León, ni siquiera eso– y justificaba los retrasos en que les habían denegado la cédula de la habitabilidad. Pero es que luego nos enteramos de que no habían pagado ni un sólo euro a la entidad bancaria que les había concedido un préstamo de 9.523.000 euros para la adquisición del solar y la edificación del inmueble, que no habían pagado a buena parte de los que intervinieron en el proceso de construcción, que habían puesto el edificio como aval para pedir otro crédito a otra entidad para otra empresa de la que también eran administradores y que tampoco abonaron...».

Así las cosas, los compradores, que habían aportado a través de sus contratos de arras alrededor de 11 millones de euros, empezaron a movilizarse. La sensación de estafa se había convertido en una realidad para los compradores de estas viviendas que comenzaron a emprender acciones.

La acusación particular solicita para cada uno de estos dos empresarios seis años de cárcel por cada delito de estafa y seis más por cada delito de apropiación indebida, además de 530.307 euros en concepto de responsabilidad civil. El fiscal, por su parte, pide seis años de prisión para cada uno por un presunto delito de apropiación indebida.

Las defensas solicitan la libre absolución de los acusados que ya durante la fase de instrucción se dijeron insolventes.
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