Entre estos artículos que permanecieron inalterables, concretamente en el punto tercero del 79, se encontraba la polémica coma que motivó la repetición de las elecciones al Rectorado del 2016 después de una alegación del equipo de José Luis Chamosa, rival de García Marín en aquellos comicios. Sin embargo, la interpretación de este signo ortográfico y su actualización es una cuestión más de forma que de fondo. "La coma es una anécdota, no necesita ninguna reforma porque ya viene en la ley que prima por encima del Estatuto. Está muy bien que no se ponga esa coma, pero se tiene que aclarar y no solo dar por hecho", explica Juan José Fernández.
Este artículo reza textualmente: "La Junta Electoral de la Universidad será el órgano encargado de aplicar los coeficientes de ponderación de votos a candidaturas, válidamente emitidos, en cada elección, conforme a la siguiente fórmula, en la que se considerará hasta el cuarto decimal". La coma previa a "válidamente emitidos" presenta diferentes interpretaciones sobre si computar o no los votos en blanco para el cálculo de las ponderaciones.
La oposición de 86 claustrales a la actualización y no reforma del Estatuto ha mantenido la coma en el texto. No obstante, el signo ortográfico puede quedar fuera previsiblemente en la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana, puesto que la reforma de este artículo se encuentra en el orden del día.
La 'polémica' promoción interna
Lo que realmente evidencia esta "anécdota" son los dos frentes en la ULE que, según apuntan todas las previsiones, se disputarán el Rectorado en la próxima primavera. Fernández plantea que los cambios en el Estatuto deberían haber sido por el procedimiento de reforma, asegurando que así se lo pidieron al rector hace un año. No obstante, y a la espera de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español aparcada por la inestabilidad política, no procede "embarcarse en reformas farragosas". De esta manera, el equipo de Juan Francisco García Marín apostó por la simple actualización del Estatuto. Un procedimiento "más sencillo y abreviado" que custodia la normativa.
Más allá de la 'coma electoral', lo que la corriente de Fernández no respaldará es la reforma del artículo 206, referente a los concursos de provisión de vacantes. "Entendemos que es un derecho de promoción interna que tienen las personas de administración y servicios que trabajan en nuestra Universidad", valora el posible candidato a rector al mismo tiempo que lamenta que se vayan a "sacar al exterior".
Nuevamente se puede advertir la proximidad de las urnas, puesto que el entorno de García Marín deja claro que se mantendrá la prioridad para "los de casa". Es decir, solamente si una vez concluido el proceso no puede cubrirse la plaza en la propia Universidad se buscaría fuera de la institución.
En cierto modo, esta polémica con el artículo 206 se debe al precedente ocurrido con el jefe de control interno de la ULE. Un puesto que estuvo vacante durante años y que finalmente fue cubierto mediante libre designación, en una medida que posteriormente fue anulada por la Justicia.