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La trama quería contratos menores por la competencia en las obras "gordas"

ENREDADERAIR

Los agentes de la Udef intervienen miles de documentos en el registro de un ayuntamiento. |ICAL Ampliar imagen Los agentes de la Udef intervienen miles de documentos en el registro de un ayuntamiento. |ICAL
D. L. Mirantes | 06/08/2018 A A
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La trama quería contratos menores por la competencia en las obras "gordas"
Operación Enredadera Las empresas investigadas promovían "adjudicaciones directas sin hacer ruido"
Los intentos del legislador para evitar la corrupción han llevado a la rebaja sistemática de las cuantías de los contratos del sector público a los que la Administración tiene que dar publicidad. En esta batalla contra la corrupción las leyes también modifican plazos de licitación y, en resumen, aumentan las exigencias formales. Así está previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que en líneas generales califica como contratos menores los que no superen los 40.000 euros para las obras y  15.000 para los suministros y servicios.

Pese a ello, la ley obliga en los contratos menores a la tramitación del expediente, exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de la ley establecen.

Por suministros son 15.000 al año que son acumulativas, si una vez te compro siete  ya solo te puedo comprar ochoNo obstante, tanto la tramitación como las dudas que las modificaciones legislativas podrían haber suscitado entre los empresarios de la trama de amaños de contratos que se investigan en el marco de la Operación Enredadera no son un obstáculo para el desarrollo de su actividad.

En una conversación de septiembre del pasado año entre el ex asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, investigado en la causa, Sadat Maraña, y el empresario Ángel Luis García, alias ‘el patatero’, en prisión preventiva, el ex coordinador de la formación naranja en León informa a García de que «los contratos menores los puede autorizar un concejal, y además negociados sin publicidad, que ya me lo dijo Juan Carlos» (Fernández). Lejos de la provincia y antes de que se aprobara la nueva ley de contratación los supuestos cabecillas de la trama ya habían puesto este tipo de contratos en el punto de mira.  José Alberto Bueno Regodón, uno de los hermanos propietarios de Aplicaciones Gespol SL, empresa inmersa en el amaño de contratos de control semafórico, en junio del pasado año explicaba en una conversación interceptada que algunos ayuntamientos «están sacando contratos menores, adjudicaciones directas sin hacer ruido».

Tiene ahora para darme 600.000 euros así, y va a sacar diez de obras de 60.000, y a tomar por culoAdemás, los políticos controlados por  la trama se preocupaban de allanar el camino a los posibles adjudicatarios. Es el caso concejal de Astorga Manuel Ortíz (PP), también investigado, que en otra conversación interceptada por los investigadores que obra en el sumario de la causa, llamaba a una conocido empresario de la zona para pedirle que dé de alta a varias de sus empresas en la plataforma de contratación del Sector Público lo antes posible. Entre otros motivos que expone el concejal para justificar la urgencia de la petición deja claro que ya asignó las obras «gordas por el otro lado»  y que ahora «quiere empezar a asignar estas otras por otro lado».  Luego le explica que el objetivo de dar de alta a más de una empresa es facilitar diversas adjudicaciones: «por ejemplo por suministros son quince mil al año que son acumulativas, es decir, si una vez te compro siete después ya solo te puedo comprar ocho en el mismo año, o sea que lo mismo, si una vez te doy veinticinco solamente te puedo dar quince, a no ser que tengas más de una empresa, entonces si tenéis dos o tres...».


Obras pequeñas en pueblos

También ‘el patatero’ explica en una conversación con un tercero, los atractivos de los contratos menores. En una llamada telefónica transcrita y resumida en un oficio policial, afirma que  ahora están haciendo obras pequeñas en León con un presupuesto que ronda entre los 50 a los 200 mil, pero que luego en estas obras pequeñas van metiendo ampliaciones: «Y te ponen dieciocho mil, y después te ponen veinte mil, y después ... , y acabas en ciento y pico mil euros». Ante estas revelaciones, los investigadores deducen que la contratación de obras «se somete a la categoría de contratos menores cuando en realidad se produce un ‘fraccionamiento forzado’, lo que refuerza la hipótesis de que en el Ayuntamiento cuentan con la connivencia de políticos y técnicos, hecho que no puede disociarse de las excelentes relaciones que mantiene José Luis Ulibarri» con los políticos locales.

Son contratos menores los que no superen los 40.000 euros para obras y  15.000 para sumistros y serviciosLejos de la capital leonesa, Ángel Luis García también reconocía en una conversación que tiene «obras en muchos pueblos, obras pequeñas (de 40.000 a 100.000 euros), y que lo que está haciendo la Diputación es dar dinero a los Ayuntamientos para que estos adjudiquen las obras por invitación, pero los proyectos los adjudica la Diputación a empresas de León». En el resumen de las pesquisas se puede leer que ‘el patatero’ asesgura a su interlocutor «que a él se lo dan todo hecho, que cogen su porcentaje de obra, su margen y que les va bien, que ahora tienen posibilidades de entrar en obras más grandes y está planteando no entrar porque ya les va bien como están ahora. Además, menciona un futuro ‘fraccionamiento forzoso’: «tiene ahora para darme 600.000 euros así, y va a sacar 10 de obras de 60.000, y a tomar por culo, y vamos a ganarle un 30 o un 40. Es la misma obra, pero la van a dar de ... sabes? La van dando por partes».

No obstante, todo lo anterior se puede condensar en la máxima recurrente ante estos hechos: unos y otros cumplen la letra de la ley, pero incumplen su espíritu.
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