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La trama que enredó a todo un país

La trama que enredó a todo un país

ENREDADERA IR

La Udef registró 44 ayuntamientos para buscar información sobre la trama Enredadera. | MAURICIO PEÑA Ampliar imagen La Udef registró 44 ayuntamientos para buscar información sobre la trama Enredadera. | MAURICIO PEÑA
María Espinosa | 12/08/2018 A A
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La trama que enredó a todo un país
Nacional Ayuntamientos de toda España están implicados en las irregularidades investigadas
Como una auténtica enredadera, la trama corrupta que lleva ese mismo nombre extendió sus ramas y sus vínculos desde la localidad de Montgat, donde comenzó todo, hasta llegar a los 40 ayuntamientos implicados. Casi 50 detenidos dejó la operación el martes 3 de julio en todas partes de la geografía española. Los principales delitos de los que se acusa a los presuntos corruptos son los de prevaricación, malversación de fondos públicos, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, cohecho y, en algunos casos, pertenencia a organización criminal. Según la investigación de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), la trama buscaba lucrarse con el amaño de contratos públicos en los consistorios españoles. Para ello necesitaban ‘conseguidores’, empresarios con influencias para poder otorgar a Gespol, la principal empresa investigada, la adjudicación de contratos públicos de tráfico (radares o control semafórico). A través del denominado como cabecilla de la trama, José Luis Ulibarri, empresario leonés y dueño de medios de comunicación, entre los que se encuentra ‘Diario de León’, se consiguieron, presuntamente, favores para la empresa en cuestión, no solo en León sino también en otros municipios españoles. También está implicado Ángel Luis García, alias el ‘El Patatero’, otro leonés y conseguidor. Los nombres propios de la trama continúan y llegan a los hermanos José Alberto y Jesús Carlos Bueno Regodón, quienes iniciaron según la investigación la red de amaños públicos a través de Bilbomática (Gespol). Otro nombre recurrente en el sumario de la operación es el de Roberto Legazpi, de Gespol, quien habría utilizado sus influencias en varios Ayuntamientos de España para beneficiar a la empresa.

La trama no solo afecta a empresarios y Ayuntamientos, sino que se extiende incluso hasta la Policía Local de varios municipios, implicando a jefes en la presunta corrupción. Incluso se mezclan nombres entre los municipios implicados a través de solicitudes de ayuda.

Saliendo desde Cataluña, la red pasa por ayuntamientos como Arroyomolinos (Madrid), Fuenlabrada (Madrid), Huesca, Lérida, Oviedo, Palencia, Teruel o Vitoria (Álava), entre muchos otros, creando así un abecedario enredado en la corrupción que amañanó contratos públicos, según la investigación, para beneficiar a una empresa y con los que se lucraban los implicados, conseguidores de la trama.

Todos los implicados, desde Ulibarri hasta los alcaldes, técnicos y funcionarios, han visto alterada su actividad pública a raíz de la investigación. Los principales encargados de la trama se dedicaban, presuntamente, a la adjudicación ilícita de contratos. Los hermanos Bueno Regodón buscaban contactos en los ayuntamientos para la redacción de pliegos y la adjudicación a su empresa a cambio de sobornos a distintos empleados o mediante la figura del conseguidor.

La red de supuestas influencias se estableció desde Montgat, donde la denuncia de un trabajador puso en alerta a la Policía NacionalSegún la investigación llevada a cabo por la Udef, los investigados habrían logrado la adjudicación directa de los mismos tras impedir su licitación; habrían alterado además el curso de procedimientos negociados en los que habrían concertado con los cargos correspondientes y funcionarios la redacción de ofertas pertenecientes a otras empresas falsamente redactadas por los investigados para dar apariencia de legalidad ante las adjudicaciones. Consiguieron supuestamente información privilegiada antes de ser publicada, colocándose en situaciones de privilegio comercial; habrían intervenido directamente en la redacción de los pliegos de concursos administrativos con el objetivo fundamental de garantizar su adjudicación; y habrían entregado dádivas a cargos electos para conseguir adjudicaciones o ventajas económicas en la ejecución de los contratos.

La red de supuestas influencias se estableció desde Montgat, donde la denuncia de un trabajador puso en alerta a la Policía Nacional y permitió comenzar a investigar la que puede ser una de las mayores tramas corruptas con actuaciones a lo largo y ancho de toda España. Las escuchas, que comenzaron con los hermanos Bueno Regodón, ante las sospechas de una actividad delictiva, continuaron con la autorización para Roberto Legazpi. Ante las menciones entre ellos y otras personas, el Juzgado de Instrucción nº2 de Badalona autorizó la escucha de los teléfonos de Ángel Luis García, el ‘El Patatero’ y de Miguel Hernán Manovel, hombre de confianza de Ulibarri. Seguidamente se pincharon los teléfonos del propio José Luis Ulibarri, que era calificado por los miembros de la trama en las conversaciones captadas como ‘Dios’. También se autorizó la escucha a Sadat Maraña y a Joaquín Llamas, alcalde socialista de Villarejo de Órbigo.

La enredadera se ha extendido por todo el país. Una trama de nombres propios que se dedicaba, presuntamente, al amaño de contratos públicos. Se desarrolló desde Montgat con los hermanos Bueno, quienes con la ayuda de conseguidores como Ángel Luis García, el ‘El Patatero’ o integrantes de Gespol como Roberto Legazpi, pasando por el ‘Jefe’, y conocido por otras tramas de corrupción como la Gürtel, José Luis Ulibarri. Entre todos tramaron una red de corrupción y alimentaron a una enredadera que ha acabado por atraparles.

Illescas: Solicitud de ayuda a viejos conocidos

En Illescas, Legazpi y José Alberto Bueno maniobraron para obtener supuestos contratos administrativos de forma irregular con la ayuda de la primera teniente de alcalde, Elvira Manzanaque, y un miembro de la Policía Local, Salvador Abengozal, que daban información privilegiada para favorecer a Gespol. Una de las conversaciones del sumario recoge que «Roberto Legazpi solicita ayuda de Francisco José Cano (jefe de la Policía Local de Fuenlabrada), al objeto de lograr sus ilícitos designios». En cuanto a los delitos, se les acusa, tanto a la teniente de alcalde como al miembro de la policía de prevaricación, fraude y malversación, entre otros.

Arroyomolinos: Contactos entre el alcalde y empresarios

En el ayuntamiento de Arroyomolinos, los implicados en la trama habrían obtenido información privilegiada para las adjudicaciones de diversos contratos administrativos. En este caso también está implicado José Luis Ulibarri, empresario leonés y cabecilla de la trama junto con Ángel Luis García, a quienes puso en contacto Sadat Maraña con el alcalde del municipio, Carlos Ruipérez, y su primer teniente de alcalde, Juan José González. Cabe destacar que hubo reuniones entre Ulibarri, ‘El Patatero’ y el alcalde para la adjudicación de contratos irregulares a la UTE constituida por Gespol y Utebo. En ellos se gestionaba el cobro de multas, de mantenimiento de salas de control, el software policial Gespolweb y la adquisición de cámaras OCR. Además, a las presuntas irregularidades se suma la redacción de pliegos con el objetivo de incluir cláusulas para garantizar la posterior adjudicación de contratos. Tanto el alcalde como el primer teniente habrían recibido dádivas por estas ilegalidades y de las conversaciones se puede deducir, según el sumario, que eran conscientes de sus actuaciones y del peligro que suponían para ellos. Ambos han sido acusados de los delitos de prevaricación, información privilegiada, y tráfico de influencias, entre otros.

Fuenlabrada: Redacción de pliegos a la carta para Gespol

En el municipio madrileño de Fuenlabrada, el jefe de la Policía Local, José Francisco Cano de la Vega, habría permitido intervenir directamente a los responsables de Gespol sobre la redacción de pliegos. Se le atribuyen los delitos de inducción a la prevaricación, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal, entre otros. Además, el nombre del jefe de Policía Local destaca en el sumario en Huesca y en el municipio toledano de Illescas, al solicitarle ayuda Roberto Legazpi.

Tiana: El método de los contratos irregulares

En este municipio de Barcelona se produjo el concierto del jefe de la Policía Local, Tomás Cabrejas, con Gespol. El sumario explica el método irregular de configuración de los precios del contrato. «No se establecía un precio fijo por la prestación del servicio total, sino que en realidad el mismo se cifraba en un 30% del total recaudado por el Consistorio en concepto de sanciones impuestas a través de radar y semáforo, debiendo además el Consistorio pagar una penalización de nueve euros por cada una de las denuncias que el Ayuntamiento no tramitara oportunamente». Intervinieron los hermanos Bueno quienes habrían contactado previamente con el Ayuntamiento con el regidor de seguridad ciudadana García Arrocha para concretar los términos de la adjudicación. Además, el jefe de la Policía Local, Tomás Cabrejas, concertó, supuestamente, los contratos con los responsables de Gespol y habría autorizado la entrega de «cantidades de dinero» a la empresa. Los delitos de los que acusan a Cabrejas se incluye la pertenencia a organización criminal, además de otros delitos antes mencionados como la prevaricación o el fraude.

Huesca: «Evidente concierto» de Gespol y la Policía

El sumario se refiere a la actividad delictiva en Huesca con las palabras de «evidente concierto entre el jefe de la Policía Local, Alberto Edroso Martínez, y los responsables de Gespol con el objeto de lograr irregularmente adjudicaciones de contrato administrativo». Además en esta ciudad, Edroso habría solicitado a Legazpi que le hiciese entrega, además de su oferta, de otras dos, para así cumplir con el trámite administrativo y simular una legalidad inexistente. El sumario establece que si se ‘torciera’ alguna de esas ofertas, se contaría con la ayuda de Francisco José Cano de la Vega, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada. En este caso se acusa a Alberto Edroso de los delitos de inducción a la prevaricación, uso de información privilegiada, malversación, fraude, tráfico de influencias y cohecho. Se registraron durante la investigación policial el Ayuntamiento del municipio y el despacho de Edroso.

Palencia: ‘Dios’, ‘El Patatero’ y el alcalde palentino

Trasladándose en el mapa hasta la comunidad de Castilla y León, se encuentran varias provincias en las que, según la investigación de la Udef, la enredadera creció sin parar gracias a la mediación del ‘Dios’ o el ‘Jefe’, José Luis Ulibarri. Además de las actuaciones en León, los empresarios llevaron presuntamente la trama a Palencia y Soria. En el caso de Palencia, se habría logrado la adjudicación ilícita de contratos entre el alcalde, Alfonso Polanco, la concejala Paloma Rivero y los empresarios Ulibarri y Ángel Luis García junto a los responsables de Gespol en estos presuntos delitos por corrupción.

Oviedo: Los contactos de ‘El Patatero’ y las dádivas

En el sumario se habla también de la supuesta existencia de conciertos en la capital asturiana entre el jefe de la Policía Local, José Manuel López, y José Manuel Torres, relacionado con el ‘El Patatero’, para facilitar supuestamente contratos a Gespol con la colaboración del subinspector de la Policía Local, Fernando Corzo. Según la investigación, se habría producido la entrega de dádivas por parte de los empresarios para la obtención de los contratos. A José Manuel López se le acusa de delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación, mientras que a Fernando Corzo le acusan de cooperación en malversación, fraude y distribución de información privilegiada.
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