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La regla del 20%

24/06/2018
 Actualizado a 14/09/2019
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Se conoce como «el 20% autonómico» una regla no escrita de la versión leonesa de ese arte llamado periodismo que te permite calcular entre una cuarta y una quinta parte, según el espacio que tengas para titular, cualquier dato referido a la comunidad autónoma y convertirlo por arte de magia en provincial. Para desesperación de los profesionales de la estadística, rigurosos en sus procedimientos pero igualmente fallidos en la inmensa mayoría de sus conclusiones, los periodistas empleamos el infalible método empírico del «más o menos», pues resulta relativamente frecuente que, por extensión, población y demás factores que sólo alteran el resultado según el orden que a cada uno le interese, a la provincia de León le corresponda el 20% de casi cualquier dato referido a la comunidad de Castilla y León. La norma, que incomprensiblemente aún no se estudia en las facultades, se aplica lo mismo al número de familias que están bajo el umbral de la pobreza que a los cobros de la PAC, pasando por la lluvia caída durante la pasada primavera o el valor de las hipotecas firmadas para obra nueva en el sector de la construcción. Hay excepciones, claro, que no se le pueden pasar ni al menos riguroso de los periodistas (que ya es decir), pues uno nunca podría aplicar la norma del 20% para la provincia de León, por ejemplo, referida a la cantidad de juntas vecinales que existen en Castilla y León o la caza del lobo al sur del Duero, ni tampoco ese porcentaje sirve para determinar, qué sé yo, los casos de corrupción que han juzgado los tribunales de la comunidad autónoma durante un determinado periodo de tiempo. Por el mismo método, quizá habría que duplicar el porcentaje para acercarse a la realidad. Nuestra idiosincrasia es nuestra idiosincrasia, igual que un hombre en la cama es un hombre en la cama, como le decía Ciges a Resines en ‘Amanece que no es poco’. Hay determinados asuntos en los que en León, aunque duela en Valladolid, vamos por delante. Pasa con la peor tasa de actividad del país y pasa con el número de bares por habitante, pasa con la pérdida de población y de cotizantes a la Seguridad Social y pasa con los casos de corrupción. Cualquier trama de corruptos que se precie tiene protagonista leonés o pieza separada en el procedimiento judicial para una rama leonesa. Tenemos nuestra cuota y la reivindicamos, igual que entre los últimos presidentes de Gobierno (y más que probablemente los futuros o las futuras) han tenido una relación directa o indirecta con esta provincia, conyugal, educativa o profesional. A los corruptos, aquí, les colocamos en las instituciones, en cargos de confianza o en cargos oficiales, nuestros políticos y nuestros jueces se hacen fotos con ellos y no exactamente para instruir los sumarios, les aplaudimos cuando conceden premios a los valores sociales, les permitimos convocar debates sobre nuestro desarrollo sostenible (aunque sean precisamente ellos los que lo hacen insostenible) y les ponemos banda sonora de superhéroes cuando salen de prisión y vuelven a casa. El resumen es que establecemos una relación inversamente proporcional entre las peticiones de condena que hace la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional y el reconocimiento social que reciben los corruptos en la provincia de León, demostrando que en esta tierra, como si fuera la Colombia de Pablo Escobar, parece que le tenemos más miedo a los investigados que a los investigadores. No en vano, a buen seguro que esos investigados se inventaron mucho antes que los periodistas lo de quedarse con el 20% de todo lo que tocan.
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