La Junta recupera para el alquiler social una vivienda "ilegalmente ocupada" en la zona de Armunia

Una familia con dos menores de edad tuvo que abandonar este miércoles la vivienda que llevaba ocupando al menos desde agosto de 2014 en Armunia.

La situación se hizo pública mediante un comunicado de ‘Stop Desahucios’ en el que explicaba que el inmueble estaba sin uso cuando esta familia decidió ocuparlo ante su situación de emergencia social y criticaba además que la Junta haya optado por pedir que se ejecute la sentencia penal que ordenaba el desalojo producido este miércoles.

Ante esta situación, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente explican que se trataba de una ocupación "ilegal" y que el siguiente paso es realizar las reparaciones necesarias para poder entregarla lo antes posible la vivienda a la persona o familia a la que corresponda por aplicación de los procedimientos previstos para ello.

Desde la administración autonómica detallan además que fue en agosto de 2014 cuando se tuvo conocimiento de la ocupación a través de la denuncia verbal de una vecina que también hablaba de un enganche ilegal desde la acometida de gas propano. La compañía regularizó la situación, pero poco después se volvió a manipular la instalación, lo que provocó incluso el desalojo del edificio por un fuerte olor a gas.

La información facilitada por la Junta establece que en septiembre de 2014 se requirió al ocupante para que desalojase la vivienda y se le manifestó la posibilidad de solicitar la adjudicación de otra en régimen de alquiler.

No fue hasta noviembre de 2016 cuando se dictó la sentencia penal en la que se establecía un plazo de tres meses para el desalojo voluntario y se apercibía a los ocupantes de lanzamiento si no se llevaba a cabo.

Desde la administración autonómica explican además un mes más tarde se recibió una solicitud de uno de los ocupantes para regularizar su situación en la citada vivienda adjuntando el correspondiente informe del Ceas (es el único requisito para la atribución de una vivienda social y sirve para acreditar que el beneficiario está en situación de exclusión). Posteriormente, la Junta reconoció esta situación y comunicó a esta familia que no había viviendas disponibles en León, pero que se le ofrece una en la localidad de Magaz de Arriba.

Los ocupantes no aceptaron la propuesta y manifestaron entonces su intención se seguir en el inmueble desalojado ayer. Y fue finalmente ayer la fecha fijada por el juez para el desalojo de la vivienda.

Desde la Junta señalan finalmente que se trata de una "ocupación ilegal" de una vivienda pública que ha derivado incluso en situaciones de peligro para el resto de los vecinos tras la manipulación de las instalaciones de gas.

Además, hacen hincapié en que los ocupantes han ignorado durante más de dos años todos los requerimientos para abandonar la vivienda y sólo tras la sentencia penal mostraron interés en regularizar su situación.

La Junta destaca que hay otras muchas personas que habían solicitado previamente una vivienda social en la capital leonesa contando con el correspondiente informe de los Ceas.

Además, argumenta que la vivienda no estaba vacía antes de la ocupación, sino que estaba a la espera de que se llevasen a cabo las obras de acondicionamiento que se suelen hacer una vez que la administración autonómica recupera alguno de sus inmuebles.