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La Junta explora la vía para adquirir un "importante paquete" de viviendas de Sareb

La Junta explora la vía para adquirir un "importante paquete" de viviendas de Sareb

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Ical | 09/12/2019 A A
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La Junta explora la vía para adquirir un "importante paquete" de viviendas de Sareb
Vivienda La Consejería de Fomento pretende ampliar el Parque Público de la Comunidad para el alquiler, hasta alcanzar las 3.000 viviendas
La Junta de Castilla y León explora la vía para adquirir un “importante paquete” de viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El objetivo de esta política de compra es la ampliación del Parque Público dedicado al alquiler, que ha conformado la comunidad y que crecerá a lo largo del mandato hasta las 3.000 casas.

Para ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha logrado la “delegación” de competencias en materia de adquisición de viviendas en la Comunidad de Economía y Hacienda. Esta iniciativa tiene como objetivo “agilizar” el procedimiento de compra de inmuebles, con el objetivo de que cada expediente no se ralentice por la necesidad de intervenir varios departamentos.

Una de las iniciativas que se marca la Consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones es ampliar el Parque Público de Viviendas destinadas al alquiler, para lo que Fomento pretende utilizar la adquisición de casas, mediante un procedimiento “más ágil” que el actual. Con todo ello, Fomento espera cubrir “antes” las necesidades que tienen los ciudadanos de Castilla y León.

En octubre de 2015, la Junta y Sareb suscribieron un acuerdo para la incorporación, por un periodo de cuatro años, de 100 viviendas, situadas en 28 municipios, al Parque público de Castilla y León, lo que supuso una inversión de 660.000 euros para las arcas de la Comunidad. Una vez finalizados los convenios temporales de cesión, la compañía ofrece la posibilidad de negociar la venta de estos inmuebles para que pasen a formar parte de su parque de viviendas.

Ahora, el Ejecutivo parece que apuesta por esta vía para adquirir de forma definitiva estas viviendas. El Parque Público de Alquiler Social de Castilla y León dispone actualmente de 1.955 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.

También el Ministerio de Fomento trabaja en la construcción de 20.000 viviendas de alquiler asequible a través de alianzas con inversores y promotores privados mediante la cesión de suelo público. Se trata del bautizado como Plan 20.000, con el que el departamento que dirige en funciones José Luis Ábalos, se han puesto en contacto con Sareb para estudiar distintas vías de colaboración que permitan al Gobierno aumentar su cartera de pisos en renta.

Sareb, conocido también como ‘banco malo’, es uno de los grandes propietarios de vivienda y suelos de España. Esta entidad privada, participada por el Estado en un 45,9 por ciento, fue creada en noviembre de 2012 dentro del proceso abierto para el saneamiento del sector financiero, y en concreto, de las entidades que recibieron ayudas públicas. Solo en el primer semestre de este año la compañía ha vendido 9.063 activos de diferente tipología en todo el país.

Plan Estatal


El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, firmado el pasado año, destinará durante sus cuatro años de vigencia 101,9 millones de euros, 24 de ellos aportados por la Junta de Castilla y León, que pretende orientar estas políticas hacia el alquiler y la rehabilitación.

De esta forma, las ayudas al alquiler de vivienda recibirán 29,56 millones de euros; alquiler y compra de vivienda por jóvenes, 29,56 millones; regeneración y renovación urbana y rural, 18,34 millones; mejora energética y sostenibilidad en viviendas, 7,55 millones; conservación, seguridad y accesibilidad en viviendas, 10,79 millones; ayudas a personas en situación de desahucio, 2,04 millones; viviendas de personas mayores y con discapacidad, 2,04 millones; y fomento del parque de vivienda en alquiler, otros 2,04 millones.
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