La Junta afirma que restaurará Catisa si el propietario no cumple

La Junta de Castilla y León se hará cargo de la restauración de la zona conocida como la Peña del Rego, en Carucedo, en la que lleva instalada más de diez años la cantera de piedra caliza de Catisa, cuyas irregularidades fueron confirmadas la semana pasada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ratificó además la condena de cuatro años de cárcel para el consejero delegado, José Luis Martínez Parra.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente del gobierno autonómico, Juan Carlos Suárez Quiñones, confirmó este lunes durante una visita en la capital leonesa que la Junta asumirá la restauración de ese espacio si los propietarios finalmente no la realizan, a pesar de que la sentencia establece que Martínez Parra debe pagar 475.000 euros para la restauración de ese espacio.

«No quedará sin restaurar», aseguró el consejero, que lo comparó con la actuación realizada en El Feixolín, en la comarca de Laciana.

En todo caso, la Junta confía en que se cumpla lo que establece la sentencia respecto a la restauración, cuya responsabilidad civil determina muy claramente para el consejero delegado de la empresa, que explotó la cantera durante una década «sin licencia y sin evaluación de impacto ambiental», según recoge la sentencia.

Esto, además de la destrucción del paisaje, provocó daños ecológicos por los vertidos realizados al arroyo Balado y al embalse de Peñarrubia.

«Habrá que atender al significado de la sentencia, pero si no la Junta asumirá el coste económico porque estamos para cumplir nuestras obligaciones», aseguró el consejero.

En la sentencia del alto tribunal se ratificó la condena que la Audiencia Provincial de León impuso al empresario por la comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. La sentencia considera de «gravedad extrema» la alteración del paisaje de Las Médulas provocada por la cantera, así como «muy graves» los vertidos a los arroyos y al embalse.

Estima que la situación de la empresa, que no tenía licencia ni impacto ambiental, era conocida por el consejero de la misma y afirma que el que conociera los riesgos y no actuara para frenarlos es una «conducta dolosa».