La investigación que puso fin al pacto del PP y Ciudadanos

En la mañana del 3 de julio efectivos de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (Udef) de la Policía Nacional llevaban a cabo una gran redada en puntos de toda España dentro de una investigación de prácticas corruptas que partía del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona. Los registros de la Operación Enredadera afectaron en la provincia a cinco ayuntamientos: León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo. Entre los objetivos de los agentes se encontraba la documentación relacionada con los presuntos contratos amañados, así como las declaraciones de los posibles implicados, entre los que en un primer momento se apuntaba a alcaldes, concejales, técnicos, diputados, asesores políticos y empresarios. Los expedientes investigados estaban principalmente relacionados con temas de tráfico y Policía, aunque la documentación requerida se extendió también a contratos de obras. La Operación Enredarera afectó a PP, PSOE y Ciudadanos y dejó cuatro detenidos.

No obstante, donde más visibles han sido, por el momento, las consecuencias de la operación ha sido en la política municipal, especialmente en el Ayuntamiento de León. En la capital leonesa, ya en los primeros compases de las investigación, Ciudadanos (Cs) amenazó con retirar el acuerdo de Gobierno que mantenía con el PP. La ruptura se hizo efectiva dos semanas más tarde, aunque la oposición tachó el distanciamiento de "paripé" o "piroctecnia verbal". Las tensiones se repitieron entre los equipos de gobierno y la oposición del resto de los ayuntamientos en los que hubo registro s, pero sin concretarse en dimisiones.

La situación se recrudeció en el mes de agosto, como consecuencia de las revelaciones del sumario, en el que figuran escuchas entre los implicados en la trama.

Ciudadanos rompió en León el pacto alcanzado con el PP para la investidura, pero no apoyó la moción de censura En León, el hasta entonces concejal de Deportes e Infraestructuras, José María López Benito, citado a declarar por el juez, dejó su acta y cesó en la militancia en el PP ante la presión de Ciudadanos. La moción de censura que tras los primeros titubeos terminó liderando el PSOE de José Antonio Diez no contó con apoyos suficientes, ya que la formación naranja no se sumó a la propuesta a cambio de liderar el trabajo de la comisión de investigación municipal sobre el caso, que hasta la fecha ha celebrado dos sesiones y la tercera está prevista para el 9 de enero.

Donde sí prosperó la moción de censura fue en Villaquilambre, donde la dimisión de Mónica Varón no fue suficiente para que Manuel García (PP) conservara la Alcaldía. Las explicaciones del regidor sobre las conversaciones mantenidas por Varón y los empresarios de la trama no convencieron al resto del plenario, que acabó secundando la moción de censura presentada por el PSOE. Jorge Pérez recogía el bastón de mandogracias, en parte, a los votos de los antiguos socios de gobierno del PP.

Como reacción al cambio en el Ayuntamiento de Villaquilambre, el PP trató de impulsar una moción en San Andrés del Rabanedo. La dimisión de la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, y de parte de los concejales frenó el cambio de color en el gobiernomunicipal y puso al frente del Consistorio a Camino Cabañas.

En Astorga, el alcalde, Arsenio García, también conservó el Gobierno, a costa de dejar la militancia en el PP. La situación prácticamente se repitió enVillarejo de Órbigo, donde el regidor, Joaquín Llamas, también fue expulsado del PSOE sin que variara la composición del pleno municipal.

En la Diputación, la salida del PSOE de Llamas y de Cs del concejal de San Andrés del Rabanedo Juan Carlos Fernández les obligó a pasar a no adscritos. Además, el asesor de Fernández, Sadat Maraña, fue expulsado tanto del partido como de la institución provincial.

El terremoto político que provocó la Operación Enredadera llegó también a algunos ayuntamientos en los que no se realizaron registros. La extensa lista de nombres, las conversaciones grabadas o los encuentros documentados que figuran en el sumario de la investigación y fueron publicados por La Nueva Crónica y otrosmedios causaron reacciones en municipios como Ponferrada, Carracedelo o Chozas de Abajo.

En cuanto a las repercusiones judiciales de la investigación, en el mes de septiembre el juzgado de León aplazó sin fecha las citaciones, mientras que los empresarios que estaban en prisión desde el mes de julio quedaron en libertad con cargos. De este modo, la investigación sigue abierta y se espera que en los próximos meses haya novedades que volverán a situar la corrupción en el centro del debate político.