Publicidad
La empresa defiende la seguridad en la HVL y que no "se recortó en prevención"

La empresa defiende la seguridad en la HVL y que no "se recortó en prevención"

ACTUALIDAD IR

Ampliar imagen
R. Álvarez | 07/02/2023 A A
Imprimir
La empresa defiende la seguridad en la HVL y que no "se recortó en prevención"
Juicio HVL El presidente del Consejo de administración, el vicepresidente y el jefe de personal declararon este martes que las prescripciones se cumplían “a rajatabla”
“En 2013 la situación económica de la empresa no era buena, pero eso nunca repercutió en los recursos que se asignaron a los sistemas de prevención. Nunca se recortó en prevención”, aseguró el presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de la sociedad Hullera Vasco Leonesa (HVL), Antonio del Valle. De hecho, defendió este martes en el juzgado que la cantidad asignada durante ese ejercicio para la seguridad dentro del plan de labores fue de 1,3 millones, “similar a la de años anteriores”. Antonio del Valle abrió el turno de los interrogatorios a los 16 acusados durante el juicio por la muerte de seis mineros el 28 de octubre de 2013 en el Pozo Emilio del Valle de la HVL. Tras él declaró Arturo del Valle, vicepresidente del Consejo de Administración y consejero delegado, y Aurelio del Valle, jefe de personal y consejero dominical sin funciones ejecutivas, según advirtió. Todos ellos respondieron únicamente a preguntas del Ministerio Fiscal y de su letrado.

Antonio del Valle subrayó que el día en el que se produjo el accidente él no estaba en la explotación porque su función en la empresa “la ejercía normalmente en la capital de León y en Madrid” y recordó que el Consejo “no se ocupa de la programación de las explotaciones” porque cuenta con “un cuerpo técnico bastante reforzado” que es el responsable de realizar esa labor. En todo caso, entendió que el plan de labores “era válido” porque así lo aprobó la autoridad minera y negó que la mala situación económica de la empresa perjudicara la seguridad de las labores porque “el problema no era de producción, el problema era de ventas. Había que producir si quisiéramos un poco menos, así que no creo que encuentre a nadie en la empresa que haya dicho que se hubiera dado una orden de producir más”, respondió al fiscal.

Aseguró conocer también que la zona en la que se estaba trabajando el día del accidente había sido declarada como “muy grisuosa”, pero añadió que se vigiló que se cumplieran las prescripciones “a rajatabla”, aunque insistió que desconoce todas las labores que se hacían en detalle, porque tenían un equipo encargado de eso teniendo en cuenta que ellos no estaban en la mina “todo el día y no sabíamos exactamente todos los trabajos que se hacían porque no era nuestra función”, apuntó. Sí que defendió que había “controles firmes y fiables” como auditorías reglamentarias que se hacían cada dos años, se verificaba que se cumplía “toda la normativa” y “nunca se reflejó ninguna infracción o incumplimiento” de gravedad.

Antonio del Valle insistió también en que “en la empresa la cadena de mando era bien clara y la identificación de los puestos estaba perfectamente definida”. Respecto al despido de dos responsables de seguridad en abril de 2013, apenas unos meses antes del accidente, remarcó que tuvo conocimiento de la decisión, que elevó el director general por “pérdida de confianza” hacia estas dos personas. Sobre si se negaron a realizar alguna actividad apuntó directamente hacia el director general asegurando que “sabrá mejor” cuáles fueron “las causas del despido” porque el consejo únicamente se preocupaba de que las salidas de trabajadores “no influyeran en la prevención” y “fueran sustituidas por gente preparada, como así fue”, dijo. “Se dio la orden de que se sustituyeran por personas con experiencia” y se hizo por José Marcos Ulecia Román y José Carlos García Jarrín (que figuran también como acusados en este procedimiento).

Por su parte, Arturo del Valle indicó también que el día del accidente él estaba en Madrid y defendió que el cumplimiento de las prescripciones de Minas se comprobaba aunque solo fuera «indirectamente», a través de las auditorías reglamentarias del sistema de prevención, y que el proyecto de explotación en el que se estaba trabajando «estaba aprobado por el proyecto tipo y el plan de labores». Además, consideró que al Consejo de Administración no llegó información de «ningún problema» porque consideró que «no hubo ninguna razón para que llegara». El fiscal le preguntó también sobre dos accidentes concretos en 2009 y 2010 por un fenómeno gasodinámico sin lesiones y un derrabe con arrastre de carbón. Siniestros que dijo conocer y tras los que afirmó que se había cumplido con lo que prescribió la autoridad minera.

Sin participación en despidos

También aseguró ser conocedor del «despido disciplinario» de dos trabajadores en abril de 2013 e insistió, al igual que Antonio del Valle, en que el Consejo de Administración únicamente aceptó «la decisión del director general», al que se le exigió la sustitución que se llevó a cabo, pero aseguró que no supo que estas dos personas hubieran denunciado fallos de seguridad. El Consejo «no participaba» en los despidos disciplinarios, volvió a insistir tras preguntarle su letrado, e incidió en que «la estructura del departamento de seguridad estaba completa y compuesta por personal cualificado». Del mismo modo, señaló que la existencia de grisú dentro de una explotación minera era algo «normal» y que por ese motivo se tomaban medidas y precauciones «diariamente» y se preveía la salida del personal o la detención del trabajo cuando los niveles eran más elevados de lo que se consideraba como algo normal.

Arturo del Valle defendió también que la dotación de medios materiales, sistemas de ventilación y protección de los trabajadores eran los correctos y consideró que hasta ese momento nada apuntaba a que se pudiera producir algún problema importante, más allá de «pequeñas desviaciones que tenían un seguimiento». En línea con el presidente del Consejo de Administración subrayó, además, que «nunca se ha tocado ni la estructura de seguridad ni el presupuesto, pese a que la situación económica en esos años era ya delicada», por lo que mantenían «un sistema de prevención y seguridad adecuadamente integrado y eso se certificaba todos los años por una auditoría independiente».

Por último, Aurelio del Valle, que comenzó remarcando que su función era exclusivamente la de jefe de personal y consejero dominical, «ejecutivo únicamente a efectos de denominación», advirtió que nunca oyó quejas y que, en todo caso, su departamento «jamás» estuvo unido al de seguridad y ni siquiera tramitaba los partes de accidente, «solo de enfermedad». Cuando se produjo el despido de dos trabajadores en abril de 2013 aseguró que él «estaba de vacaciones en la empresa» y que cuando volvió «ya estaba todo hecho y nadie más volvió a comentar nada».

Ya a preguntas de su letrado, Aurelio del Valle apuntó que su departamento, el de personal, dependía del director de recursos humanos, que dijo que, que él sepa, nunca había sido traído a este procedimiento. Negó haber acudido a algún comité de seguridad del Pozo Emilio y añadió de nuevo que su puesto directo de jefe de personal era «ajeno» a nada que tuviera que ver con la seguridad y que lo que hacía era mantener al día el fichero de personal, nóminas o tramitar altas y bajas por enfermedad, «a grandes rasgos». Con él finalizó la sesión del juicio de este martes y se puso la mirada en la siguiente, en la que podrían declarar hasta otros cinco acusados (inicialmente estaba previsto que fueran tres) y con la que se despedirán las sesiones hasta el lunes 13.
Volver arriba
Newsletter