La Diputación y los secretarios buscan fórmulas para "profesionalizar" las juntas vecinales

La junta de portavoces de la Diputación, el Colegio de Secretarios Interventores y técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) han mantenido una reunión de trabajo en la mañana de este jueves para trazar las actuaciones necesarias ante los retos que plantea el Real Decreto 128/2018 del Ministerio de Hacienda a las más de 1.200 juntas vecinales (JJVV) dela provincia. La norma establece la eliminación del vecino-secretario y atribuye sus funciones a un funcionario con habilitación nacional. En la práctica ello exige a estos entes locales contar con un secretario, encuadrado en el propio ayuntamiento. Desde el Colegio alertan de que ello supondrá contar con más medios porque los actuales no son suficientes. No obstante, en los temas más urgentes, como las certificaciones de terrenos para la PAC o de obras para las ayudas, desde los ayuntamientos y desde la propia Diputación se podrá auxiliar a las juntas vecinales.

Durante más de dos horas los responsables políticos y los técnicos han trazado una estrategia para reclamar al ministerio una interpretación de la norma, que según han apuntado presenta algunas sombras. Ni unos ni otros se oponen a dotar de mayores garantías a las juntas vecinales, pero critican que se quiera hacer "de un día para otro" y "sin una estructura racional".

No obstante, desde el Colegio de Secretarios Interventores han querido también trasladar un mensaje de tranquilidad. Aseguran que "no hay motivos para pensar que las juntas vecinales tienen que estar condicionadas a un ejercicio de funciones reservadas" y que el decreto, lo que trata es de reconducir de un régimen que "ha estado muy abierto".