La comisión sobre la trama Enredadera arrancará el día 12 con presencia de PP y Cs

El resto de los grupos de la oposición reiteran que será un "paripé" tras los límites jurídicos que ha establecido la secretaria en su informe

A. Martínez
26/10/2018
 Actualizado a 18/09/2019
Agentes de la Udef a la puerta del Ayuntamiento de León. | CARLOS S. CAMPILLO (ICAL)
Agentes de la Udef a la puerta del Ayuntamiento de León. | CARLOS S. CAMPILLO (ICAL)
El Ayuntamiento de León aprobó este viernes en sesión plenaria -con los votos a favor de PP y Ciudadanos, el rechazo de León Despierta y León en Común y la abstención de PSOE y UPL- la constitución de la comisión que investigue las responsabilidades políticas de la denominada Operación Enredadera.

La portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, fue la encargada de defender la idoneidad de un organismo que sirvió, junto con la renuncia como concejal de José María López Benito, para frenar la moción de censura que el PSOE había impulsado contra el alcalde de la capital, Antonio Silván.

La edil de la formación naranja insistió en que la comisión es la «única herramienta política» para analizar y estudiar lo ocurrido, puesto que las explicaciones dadas por el regidor en sesión plenaria fueron «incompletas e insuficientes». «Se retrató y nos decepcionó a todos», dijo antes de pedir que los medios de comunicación puedan estar presentes (aunque sin grabar) en las sesiones de la comisión, que comenzarán el día 12 de noviembre.

Mientras, los demás grupos de la oposición anunciaron que no tiene intención de participar en dicha comisión, ya que consideran que es un «paripé» y que la sesión plenaria es el foro indicado para que el alcalde ofrezca las explicaciones oportunas, aunque coincidieron con Ciudadanos en que las que dio el pasado mes de agosto fueron convincentes.

Los grupos consideran además que el reciente informe de la secretaria del Ayuntamiento de León deja claro que los citados a declarar en dicha comisión no tendrán obligación de acudir a declarar ni de responder a lo que se les pregunte. Pese a que ciudadanos insiste en que la prensa pueda asistir, el informe establece que las sesiones no deberían ser públicas y que se deberían limitar a analizar el papel del Ayuntamiento de León en la trama de supuestos amaños de contratos, por lo que no se podría preguntar por otras cuestiones.
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