La buena noticia del día

Es una sección que este año me ha parecido oportuno incorporar a la clase. Ante el panorama enmascarado que se nos presenta hay que poner en marcha recursos imaginativos para elevar la moral del alumnado, bastante maltrecha quizá por no habernos ocupado lo suficiente de entrenar sus habilidades en tolerancia a la frustración. El invento pedagógico consiste en que aquel alumno o alumna al que le toque en suerte, debe seleccionar un acontecimiento positivo más o menos mediático para luego transmitírnoslo. A cambio se gana el derecho a elegir una canción que escucharemos en clase una vez comunicada su buena nueva.

Ellos esperan el momento y me lo recuerdan al comienzo, durante y después de la clase: «Profe, nos falta la buena noticia del día».

Y esta semana lo han tenido bien fácil. El jueves conocíamos un acontecimiento más que dichoso para los discapacitados y sus familias: acaba de darse luz verde en el Congreso a la proposición de ley que elimina la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad. Tal despropósito legal se hallaba recogido en el art. 156 de nuestro Código Penal donde se condena a la infertilidad al hombre o mujer penándole por el mero hecho de no cumplir los estándares de calidad que la sociedad exige a las personas para ser etiquetadas como convencionales. Es una cuestión insólita que en un compendio como es el Código Penal donde se trata de condenar conductas punitivas, parezca que el discapacitado y sobre todo la discapacitada, sobre la que suele recaer en mayor medida la esterilización, sean los culpables a los que además se priva de un derecho humano tan fundamental como el de la integridad física. Además esta norma entra en franca contradicción con el convenio sobre Prevención y Lucha contra la violencia contra la mujer, conocido como convenio de Estambul ratificado por España en 2014 que establece como delictivas aquellas intervenciones quirúrgicas que tengan por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado.

Según apuntaba la diputada leonesa Carmen González Guinda el pasado quince de octubre ante el Congreso «esta práctica supone una negación de su estatus como persona y un atentado a su integridad corporal que en casos de discapacidad psicosocial traumatiza a la víctima y puede acarrear consecuencias en su salud mental para toda la vida pudiendo además aumentar la vulnerabilidad ante abusos sexuales».

Otra buena noticia es que la proposición de ley para eliminar esta práctica ha sido aprobada por consenso.

Si es que cuando queremos…