La aplicación del artículo 155

Me he quedado afónico, afásico y hasta ágrafo advirtiendo que el nacionalismo catalán es intrínsecamente secesionista, que su principal objetivo es separarse de España «sea como sea». Desde 1981 en que escribí, en opinión de Arcadi Espada, «el primer manifiesto de la democracia», anunciando y denunciando lo que hoy es una realidad cegadora, se han ido acumulando atropellos a la democracia y la progresiva imposición de un régimen dictatorial que conculca los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes con total impunidad. Sólo el 2016 se han producido allí 178 vulneraciones a la legalidad constitucional.

Olvidémonos de todos los apaciguadores y corruptos que han permitido llegar hasta el punto de no retorno actual, ese que algunos todavía se niegan a reconocer. Digo que ya no podremos volver atrás, que necesariamente hemos de ir hacia delante, hacia un lugar nuevo pero que, paradójicamente, no es otro que el que señala la Constitución. Invoquemos algunos artículos que nos obligan (que obligan al Gobierno) a actuar sin más demora. Son esos artículos que los independentistas y todos sus seguidores (incluido Podemos, el acólito más servil) quisieran arrancar de la Constitución:

-La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado (art. 1º).

-La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (art. 2º).

-Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14).

-Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes (art. 27).

-El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131).

-Las diferencias entre los Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales (art. 138).

-Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (art. 139.1).

-Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español (art. 139.2).

-El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general (art. 150.3).

Pues sí, todo esto está en la Constitución, nuestra Ley de Leyes, fundamento del Estado democrático en que vivimos, el que hace posible que todo cuanto hacemos podamos realizarlo con libertad, sometiéndonos a las mismas obligaciones y teniendo todos los mismos derechos. La Constitución asegura nuestra convivencia, el bien más preciado y más apreciable, algo que sólo cuando lo perdemos nos damos cuenta de su infinito valor. Precisamente para proteger y conservar ese interés general, el Gobierno tiene la imperativa e inaplazable obligación de aplicar otra de las normas esenciales establecida en nuestra Constitución. Dice así:

«Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta en el Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para protección del mencionado interés general» (art. 155).

Que todo cuanto está haciendo el actual gobierno catalán «atenta gravemente al interés general de España» y la Constitución es algo tan obvio, mostrable y demostrable, que sólo cabezas tan obtusas y pusilánimes como la de Rajoy, Soraya o el ministro de Justicia, pueden ponerlo en duda.