Juzgan a tres etarras por el atentado contra un policía leonés en 1990

José Ignacio Pérez Álvarez murió al estallar una bicicleta bomba en el primer atentado en el que la banda terrorista utilizó este sistema

EP / L.N.C.
24/09/2020
 Actualizado a 24/09/2020
El policía José Ignacio Pérez Álvarez en una imagen recogida por la Fundación Víctimas del Terrorismo.
El policía José Ignacio Pérez Álvarez en una imagen recogida por la Fundación Víctimas del Terrorismo.
El juicio que celebra la Audiencia Nacional contra los etarras Óscar Abad Palacios, José Ramón Martínez y Carmen Guisasola Solozabal por el asesinato en 1990 en Vizcaya del policía José Ignacio Pérez Álvarez por medio de una bicicleta bomba se reanuda este viernes con el informe de conclusiones del fiscal, que inicialmente pide para ellos la pena de 30 años de prisión.

En la primera sesión de la vista oral, que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, tanto Guisasola --que se acogió a la denominada 'vía Nanclares'-- como los otros dos acusados negaron ante el tribunal haber participado en el asesinato del policía nacional.

Según explica el fiscal en su escrito de acusación provisional, que mañana anunciará si lo hace definitivo o introduce modificaciones, en enero de 1990 Abad y Martínez, como integrantes de la banda terrorista ETA, accionaron por medio de radio control de iniciación eléctrico el artefacto explosivo que previamente habían colocado en la alforja de una bicicleta que estacionaron junto al vehículo del policía. La detonación ocasionó la muerte del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como pretendían.

Guisasola y un cuarto, Julián Achurra Egurrola, supervisaron las acciones de los dos terroristas en nombre de la banda y facilitaron la información sobre el día a día del policía. Según el Ministerio Fiscal, también habrían facilitado la bicicleta con el artefacto explosivo preciso para cometer el atentado.

Achurra no está siendo juzgado por estos hechos debido a que la Fiscalía se encuentra a la espera de que se resuelva la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que se ha cursado a las autoridades francesas para poder formular acusación contra él.

Casado y con tres hijos

El policía nacional José Ignacio, de 39 años, era natural de la localidad leonesa de Villagatón. Residía en Galdácano desde hacía ocho años, estaba casado y tenía tres hijos, de 4, 10 y 14 años, según la información que recoge la Fundación Víctimas del Terrorismo. En 1978 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía y después de un año comenzó a trabajar en el Servicio de Automoción de la comisaría de Basauri.

El 30 de enero de 1990, fue la primera vez que ETA empleaba una bicicleta-bomba para asesinar. Poco antes de las 15:00 horas, José Ignacio salió del bar Los Claveles de Galdácano, donde solía tomar el aperitivo antes de ir a comer a su casa. Iba a subir a su coche cuando una bomba en una bicicleta, ubicada junto al coche, explotó y le causó la muerte en el acto. Fue enterrado en el cementerio de Astorga tras su funeral en la iglesia de Santa Marta de la localidad leonesa. Más de 4.000 personas asistieron a las honras fúnebres.
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