En los últimos meses la Administración se las ha tenido que ver con un problema recurrente y trasversal a la economía española: el problema de la vivienda. Nuestra Carta Magna en su celebérrimo artículo 47 proclama el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna, el cual ha supuesto un quebradero de cabeza desde su redacción.
Si hacemos un leve análisis retrospectivo de la cuestión que nos atañe, constatamos que todos los intentos por parte del gobierno en materia de la vivienda han tenido unos resultados palmariamente negativos año tras año.
La razón de que esto sea así es que el sector inmobiliario es tan complejo e involucra a tantos agentes económicos dentro del proceso dinámico del propio mercado que ningún Ministerio que contase con los mayores eruditos en la materia podría analizar toda la información que se genera cada día y mucho menos podría predecir su tendencia.
El mercado lo conforman seres humanos que operan de forma espontánea y que en los últimos años han optado en una medida creciente por viviendas de alquiler en un país que hasta ahora el balance era mayoritariamente de propietarios.
Si el sector fuese más flexible a nivel regulatorio, este cambio de dinámica sería menos traumática, pero desde el año 2006 hasta el año 2018 todos los esfuerzos políticos se han orientado en la compra de los pisos a través de los infructuosos Planes Estatales de la Vivienda, sin tener en cuenta el desequilibrio entre la oferta y la demanda del alquiler.
Como es obvio, los promotores de estos planes no entonan el mea culpa, los precios de los alquileres en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga… no parecen tocar techo y los medios de comunicación se hacen eco del asunto y exigen soluciones al Presidente.
Cualquier persona que esté leyendo este artículo sabe que ya es demasiado tarde para buscar soluciones, ahora solo queda buscar víctimas y verdugos. Las víctimas son los arrendatarios de las viviendas, que no pueden asumir el incremento de precios y los verdugos son las plataformas de alquiler turístico y los fondos buitre.
Después de un sesudo análisis de rédito político se toma la determinación de aprobar el Real Decreto 7/2019 con una serie de modificaciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos preexistente con la intención de dar más amparo legal a los inquilinos, imponiendo arbitrariamente a los propietarios un periodo contractual más duradero y equiparando las subidas de los precios del alquiler al IPC como tope máximo.
Huelga decir que el problema del incremento de los precios del alquiler no es consecuencia de la LAU, es el resultado de una ley económica elemental conocida como la ley de la oferta y la demanda. Por esta razón añaden una disposición al final al Decreto en la que se comprometen a una movilización del suelo público para promover vivienda de alquiler social y reorientar todo el Plan Estatal de la Vivienda para apoyar el alquiler.
El último fleco suelto que resta, el de los villanos, queda soliviantado al abrir la puerta a las autonomías para que regulen de forma particular las viviendas de uso turístico exigiéndoles lo necesario para que deje de ser un negocio rentable y que los inversores retiren su apuesta por esta modalidad de negocio.
El Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado un Plan Especial que supondrá que aproximadamente un 90% de estas viviendas ya no puedan continuar con su actividad. Esta iniciativa tendrá éxito a corto plazo, presumiblemente el precio de los alquileres en el centro de Madrid descenderá debido a la desinversión y el precio del metro cuadrado marcará una línea descendente.
Al que no se ha tenido en cuenta una vez más es al propietario, olvidado y desprotegido por los agentes políticos. No se ha entendido que este mercado es bidireccional y los incentivos que generan sobre los propietarios son contraproducentes para llegar a buen destino.
Por otra parte el jaque al mercado es un brindis al sol, el mercado del alquiler turístico se reestructurará porque es un modelo de éxito empresarial a nivel mundial que cada vez más personas demandan y que va a resultar cada vez más rentable para pequeños, medianos y grandes inversores.
En suma, el recorrido de los Planes y Decretos de intervención estatal solo conducen al fracaso, desde la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) de 2005 al nuevo Real Decreto, solo en un mercado libre hay una eficiente asignación de los recursos.
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