El Procurador, con sede en León, recuerda que el artículo 22.1 de la Ley del Ruido de Castilla y León determina que «la prestación por parte de la administración de la comunidad autónoma de los ayuntamientos de más de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones provinciales del servicio de control del ruido, tendrá la consideración de servicio de prestación obligatoria».
La Diputación responde que "ya tenía previsto" someter a debate y suspender la tasa en una comisión el próximo lunes Así, según dio a conocer este martes, Amoedo quiso conocer el grado de implantación en las nueve diputaciones provinciales del servicio de contaminación acústica en los pequeños municipios cuando así lo demandan los Ayuntamientos.
«Tras la remisión de la información, la forma de prestación de dicho servicio ha resultado desigual, pese que las nueve diputaciones están ejerciendo las competencias que les atribuye la Ley del Ruido», indica el Procurador, que señala también que la mayor parte de las diputaciones han decidido prestarlos con medios propios, como el caso de León, Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, mientras que Palencia, Valladolid y Zamora optaron por prestarlos a través de empresas contratadas o técnicos universitarios.
El Procurador reconoce que no le corresponde determinar si la prestación del servicio debe llevarse a cabo por medios propios o contratando dicho servicio con un tercero. Sin embargo, resalta el hecho de que únicamente dos diputaciones, León y Salamanca, exigen una tasa a los Ayuntamientos para llevar a cabo dicha medición de ruidos, mientras que las restantes lo hacen de manera gratuita, por lo que considera que las diputaciones de León y Salamanca, como ha hecho Soria, «deberían valorar la modificación de la normativa reguladora de tasas con el fin de no gravar los recursos de los pequeños municipios en dichas provincias».
"Malestar" en la Diputación
Por su parte, la Diputación, tras hacerse pública este martes la comunicación del Procurador, fechada el 29 de diciembre, señaló a través de una nota de prensa que «ya tenía previsto» someter a debate y aprobar la supresión de dicha tasa durante la celebración de la comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, prevista para el próximo lunes, 16 de enero.
En su nota enviada por la institución provincial, la Diputación muestra su «malestar» por la premura del Procurador al trasladar a los medios de comunicación su sugerencia, y recuerda que dicha competencia la lleva a cabo la institución provincial con medios propios.
La Diputación realiza las mediciones de ruidos a instancia de los ayuntamientos que carecen de medios técnicos para ello. En 2014 se llevaron a cabo seis mediciones, y cinco en 2015, lo que supuso un desembolso de 715 euros para los ayuntamientos en dos años.