En el año 2016 y con vocación transitoria hasta la elaboración de una normativa general sobre el uso y circulación de los mismos, normativa que deberá recogerse en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y desarrollarse en el Reglamento de Vehículos, la Dirección General de Tráfico emitió una instrucción no vinculante, en la que se establecen una serie de criterios y recomendaciones, "básicos e insuficientes" para el Procurador del Común, dirigidos a los ayuntamientos para que regulen dicha materia en al ámbito de sus competencias. Por estas razones, el Procurador del Común ha entendido que los ayuntamientos leoneses que cuentan con una población superior a los 5.000 habitantes, por contar con núcleos urbanos más consolidados no son ajenos a esta problemática, "debiendo actuar desde el punto de vista normativo, sin necesidad de esperar a la regulación general prevista", tal y como informó la institución en un comunicado emitido este viernes.
Homogeneizar las normativas
La experiencia en los últimos meses demuestra como los ayuntamientos de España que han procedido ya a la regulación de su uso lo han hecho de manera "muy diferente, heterogénea y, en algunos casos concretos, de forma jurídicamente controvertida". Así, con el objeto de conocer la regulación que han hecho los 40 ayuntamientos de Castilla y León de más de 5.000 habitantes y, en el caso de aquellos que no lo han regulado, la disposición y previsiones para hacerlo en el futuro, el Procurador del Común ha acordado iniciar la actuación de oficio para que, a la vista de la información que éstos remitan, valorar la posibilidad de formularles sugerencias o recomendaciones que puedan homogeneizar dicha regulación. "El fin último es garantizar el derecho de los ciudadanos a circular en condiciones de seguridad por la vías públicas", concluye Quintana.