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El juez imputa a tres leoneses en la pieza del caso Gürtel en Boadilla

El juez imputa a tres leoneses en la pieza del caso Gürtel en Boadilla

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Martínez Parra y Ulibarri en imágenes de archivo. | L.N.C. Ampliar imagen Martínez Parra y Ulibarri en imágenes de archivo. | L.N.C.
L.N.C. | 25/05/2016 A A
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El juez imputa a tres leoneses en la pieza del caso Gürtel en Boadilla
Tribunales AMPLIACIÓN: José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra y José Ramón Blanco Balín, entre las 27 personas que se juzgarán por varios delitos
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a 27 personas por la actividad de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Tres leoneses, José Luis Ulibarri Comerzana, José Luis Martínez Parra y José Ramón Blanco Balín, figuran en la relación de imputados por varios delitos.

En el caso de José Luis Ulibarri la causa por la que está acusado es por la adjudicación a su empresa, UFC SA, de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Según el auto en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones SL. El auto indica que en el año 2005 el grupo de Boadilla del Monte dirigido por Correa Sánchez habría beneficiado desde el Ayuntamiento a la empresa gestionada por José Luis Ulibarri en un procedimiento abierto con el sistema de adjudicación de un concurso, siendo el precio de licitación 33.360.000 €. Según el juez «en ejecución de lo convenido con el grupo, Ulibarri Comerzana presentó por UFC SA una oferta con un precio de 35.028.000€ y un plazo de ejecución de imposible cumplimiento conociendo que iba a resultar adjudicatario y que ese escaso tiempo fue clave al superar a la otra oferta que era superior en 4.072.000 euros.

De la Mata indica en el auto que la comisión pactada entre Ulibarri y Correa ascendió a 1.000.000 €. La comisión pactada se habría encubierto de común acuerdo como pagos de servicios supuestamente prestados por la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones (CGI) reflejados en dos facturas por importe cada una de 500.000 € (580.000 € IVA incluido) abonadas el 9 y el 10 de enero de 2006. Luego ese dinero se distribuyó entre varios implicados de la trama. Estas facturas fueron contabilizadas en UFC SA y se incorporaron a la declaración de IVA correspondiente al ejercicio 2006 de modo que se habría incrementado la cuota a devolver por ese tributo en 160.000 € obteniendo así indebidamente una devolución por ese importe. Para el juez estos hechos están acreditados por distintas declaraciones de testigos e imputados, la abundante documentación intervenida en los registros practicados en el seno de este y otros procedimientos, remitida por registros públicos, bancos, sociedades, etc.- y los informes periciales emitidos por las unidades de auxilio judicial. Así le imputa al empresario leonés los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias y delito contra la hacienda Pública.

En el caso de José Luis Martínez Parra la contratación incluida en la causa es la adjudicación a Teconsa de los contratos referidos a las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono Las Eras y a las obras de colegio de enseñanza primaria, así como los contratos referidos a las obras de edificación de 96 viviendas con protección pública, obras de edificación de 80 viviendas y obras de edificación de 57 viviendas de promoción local pese a no presentar la mejor oferta pero sí la de menor plazo, que no se cumplió. La comisión comprometida y abonada por Martínez Parra, con el grupo, para su reparto entre sus miembros y el PP, ascendió a 1.800.000 €. Así los delitos que le imputan son los de prevaricación, fraude, cohecho y falsedad.

Por su parte José Ramón Blanco Balín figura en el entramado como uno de los asesores de la organización de Correa Sánchez y figuraba como administrador de muchas de las sociedades creadas con el fin de enmascarar los pagos a cargos públicos y lograr la desviación de fondos públicos para su enriquecimiento personal.

Por este motivo los cargos imputados a Blanco Balín son los de prevaricación, fraude, cohecho y en este caso se incluye el de blanqueo de capitales.

Imputado el PP por haberse lucrado de 204.198 euros


El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata también ha procesado al PP en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red. En el auto de paso a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento, paso previo a la apertura de juicio oral), el juez señala que, con las maniobras de los imputados, consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

El juez explica que la causa gira en torno a las adjudicaciones supuestamente irregulares que consiguió el cabecilla de la trama, Francisco Correa, para sus empresas con la ayuda los otros acusados, entre ellos el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, el exconcejal José Galeote y el exdiputado del PP Alfonso Bosch. Lo hicieron a través de un entramado societario «de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de las contrataciones.

Puedes descargar aquí el auto completo
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