Así lo indicó la ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde detalló que es la primera vez que el mayor empleador de España, el Estado, se dota de una política de contratación plurianual, “analizando el envejecimiento” y “los procesos de selección”, y defendió que es necesario, frente a las críticas de oportunismo electoralista en su anuncio.
Según Batet, la Administración encara un problema grave por el envejecimiento de la plantilla pública que provocará salidas masivas en los próximos años, después de que haya perdido además 36.500 efectivos entre los años 2009 y 2019 al no haberse convocado nuevas ofertas por la crisis o las bajas vegetativas.
La Administración Pública no está “sobredimensionada” en España, defendió Batet, ilustrando su argumento con las estadísticas de Eurostat que cifran en el 2,7 por ciento el peso del empleo público sobre el total de los trabajadores del país, por debajo del tres por ciento de tasa media en la Unión Europea (UE).
La oferta ha sido consensuada con los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y CIG y se aplicará tras haber aprobado para su ejecución varias normas en el ámbito de la Administración General del Estado, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la estabilización además en la Justicia y Educación.
Reparto
De las casi 34.000 plazas que se ofertarán, 20.971 serán para la Administración General del Estado, 1.814 para las Fuerzas Armadas y 5.561 para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A ese cómputo se suman las plazas para estabilización en el ámbito de la Justicia (un total de 2.237), en el de la Educación (489) y en la propia Administración General del Estado (2.528), y las 383 plazas aprobadas en un Consejo de Ministros previo para determinados servicios afectados por la potencial salida de Reino Unido de la UE o 'Brexit'.
Por otro lado, a esta oferta le será de aplicación la eliminación como motivo de exclusión para el acceso al empleo público del diagnóstico de diabetes, celiaquía, psoriasis o el VIH. Esta medida se adoptó por acuerdo del Consejo de Ministros el 30 de noviembre de 2018.
Batet explicó que es la primera oferta que se efectúa con base cero, es decir, sin tomar como referencia la oferta del año previo sino planificando en función de las necesidades “reales” de las distintas administraciones, identificando los sectores más sensibles y con mayores carencias, y con una previsión a tres años.
A tal efecto indicó que se ha pedido a todos los ministerios que analicen y planifiquen sus requerimientos a tres años, revisando además las tasas de coberturas “para evitar desajustes no deseados” o lanzar “convocatorias de plazas que luego no se usan y se pierden”.
El Gobierno ha auditado la situación por vez primera tomando datos del registro central de personal con fecha 1 de enero de este año sobre los 135.476 funcionarios que integran la plantilla de la Administración General del Estado.
Edad media alta
Según indicó, dichos datos arrojan una edad media de “prácticamente 52 años”, diez más que el conjunto de la población activa del país, situada en 42 años, y que la tendencia de envejecimiento se ha ido acelerando al haberse reducido la oferta en los últimos años. En el año 2004, por ejemplo, la edad media estaba situada en los 46 años y en 47 en el ejercicio 2008.
La situación se complica además porque el colectivo de empleados con edades entre 40 y 49 años es muy numeroso frente a los de inferior edad; una situación que provoca que algo más del 51 por ciento de las personas estarán en situación para prejubilarse dentro de una década, en el año 2029, y esa cuota de salidas alcanza el 62,6 por ciento en auxiliares administrativos y administrativos, que “son los que tienen el protagonismo en la atención presencial” y en la “tramitación de los procedimientos” de los ciudadanos.
La ministra insistió en que solamente durante el presente ejercicio podrán prejubilarse 19.159 personas o el equivalente al 19 por ciento de la plantilla total de trabajadores públicos de la Administración General. “Estas cifras nos dan una idea de la magnitud de los problemas a los que hay que hacer frente”, indicó, subrayando que además el problema “no es solo cuantitativo”, ya que “las necesidades son distintas a las de hace años”.
Batet defendió al respecto que no presentar la oferta “sería una absoluta irresponsabilidad” por parte del Gobierno, ya que se trata de “garantizar la prestación de servicios públicos al ciudadano que sin esta oferta se podrían ver en peligro”.
La ministra indicó que el Gobierno ha decidido aprobarlo porque es justo en estas fechas cuando se suele convocar, de forma que “los opositores y opositoras y sus familias lo esperaban”, y ante las dudas de poder aprobarlo cuando el Ejecutivo entre en funciones.