El escrito de acusación del Ministerio Público remonta los hechos al año 2002, cuando la acusada, María Consolación, aprovechando su experiencia y situación en la entidad financiera y el acceso que tenía a los datos de clientes, ideó un sistema para obtener dinero en efectivo de parientes y personas allegadas a las que informaba de determinadas inversiones en productos financieros que, según contaba a los afectados, estaban reservadas a los altos directivos y que, al alojarse en paraísos fiscales, producían una alta rentabilidad. De este modo habría conseguido que estas personas le entregaran importantes sumas de dinero que, tal y como entiende el fiscal, jamás se destinaron a suscribir negocio alguno ni se entregaron a la entidad financiera. Para dar credibilidad a estas supuestas operaciones, María Consolación habría entregado a los ‘inversores’ documentos falsos utilizando membretes y sellos de la Caja para revestirlos de veracidad.
En total hay 139 reclamantes y más de 6,4 millones de euros entregados sin recuperar
Al parecer, el ‘tinglado’ orquestado, según entiende el fiscal, por la acusada, se mantuvo vigente entre 2002 y 2011 cuando el sistema de ‘entretener’ a los presuntos inversores se le vino abajo. En un principio, con el dinero que le entregaban unos –siempre en efectivo– pagaba los supuestos beneficios de otros. Todos estos intercambios de dinero se realizarían en mano y en lugares como la calle, las casas de los afectados o el hall del edificio de servicios centrales que Caja España tenía en El Portillo.
En el año de 2011, las peticiones tanto de intereses como de devoluciones del principal habrían desbordado a la acusada que no pudo hacer frente a los requerimientos particulares provocando que éstos acudieran a reclamar a Caja España dando pie a una auditoría interna.
El Ministerio Fiscal hace alusión en su relato de hechos al marido y al hijo de la acusada. Al primero le considera cómplice, pues le habría acompañado con frecuencia a recoger y entregar dinero estando al corriente, entiende, de las operaciones fraudulentas de su mujer. Al hijo le considera partícipe a título lucrativo del dinero obtenido.
El fiscal considera a su marido cómplice de los hechos y al hijo partícipe a título lucrativo
En total, las cantidades que reclaman los afectados ascienden a 6.412.525,10 euros, con casos que van de los 6.000 euros ‘invertidos’ por unos a los 286.000 que llegaron a entregar otros, con un total de 139 reclamantes.
A la vista de los hechos, el fiscal entiende que María Consolación es autora de un delito continuado de estafa de especial gravedad por la cantidad defraudada y con abuso de relaciones personales, por el que pide siete años y medio de prisión, y de otro de falsedad en documento mercantil, pidiendo dos años y medio más de privación de libertad. Asimismo, pide para su marido, como cómplice de ambos delitos, un total de un año y 11 meses de prisión. En ambos casos contempla también penas de multa.
Por otra parte, en concepto de responsabilidad civil, solicita que se condene al matrimonio a devolver conjunta y solidariamente el dinero reclamado por los afectados con la resposiblidad subsidiaria de la entidad financiera leonesa y obligando al hijo de éstos a responder civilmente de hasta 200.000 euros como partícipe a título lucrativo.
"Mera intermediaria"
La defensa de María Consolación S.V. sostiene que la actuación de su representada se ha limitado a ejercer de «mera intermediaria entre sus familiares y amigos, y sus jefes, recogiendo el dinero que le entregaban los primeros para dárselo a los segundos, y después recibir otras cantidades por parte de los segundos, en concepto de intereses, destinadas a los primeros». Según su defensa, la acusada estaba convencida de que el dinero de sus familiares y amigos se invertía en el mercado de valores.
La acusada asegura que se limitó a cumplir órdenes de sus superiores y que no se apropió del dinero
La representación legal de María Consolación apunta directamente a altos cargos de la Caja de aquellos años a los que hace responsables de todo lo sucedido. Además, asegura que en muchos casos fueron los propios familiares o amigos de la acusada los que, al correrse la voz de los rendimientos económicos que estaban reportando aquellas operaciones, se dirigieron ella solicitándole participar.
Asimismo, señala que fueron también sus ‘jefes’ los que, en 2011, dejaron de entergarle el dinero de los intereses que ella se encargaba de hacer llegar a los ‘inversores’. Llegados a este punto, expone que María Consolación llegó a endeudarse para pagar a los allegados que le reclamaban el dinero con más urgencia, algo que, al parecer, también lo hizo por indicación de su jefe. En esos meses, sostiene, su clienta adquirió una deuda a título particular de 457.000 euros. Por todo ello, la defensa de María Consolación solicita la libre absolución de su representada o, en el peor de los casos, que sea considerada cómplice y no autora de estos hechos. Su marido y su hijo también sostienen que ni han participado en los presuntos hechos ni se han beneficiado del dinero y piden su absolución.