El último, dado a conocer recientemente y referido a datos de enero del presente ejercicio, cifra en un total de 30.397 las personas que trabajan al servicio de los diferentes niveles administrativos de nuestro país. El incremento es de casi un millar con respecto al informe de julio del pasado año, cuando la cifra era de 29.448.
En cuanto a las diferentes administraciones, el informe se refiere en primer lugar a la estatal, que cuenta con 7.527 trabajadores frente a los 7.443 que se contabilizaban en julio de 2020. El incremento es por tanto de 84 efectivos dependientes de los diferentes organismos estatales con presencia en la provincia de León.
Mientras, en el sector público derivado de la comunidad autónoma, que incluye también la Universidad de León, el número de trabajadores se sitúa en 16.148, lo que supone un aumento con respecto a los 15.633 que figuraban en el boletín correspondiente a mediados del pasado año. Concretamente, la Junta habría aumentado su plantilla en la provincia con 515 nuevos empleados.
Finalmente, la administración local, en la que se incluyen la Diputación, el Consejo Comarcal del Bierzo, los ayuntamientos y las mancomunidades, cuenta con 6.722 trabajadores, cifra que crece con respecto a los 6.372 que aparecían en el boletín de julio de 2020. El incremento en este caso es de 350, siempre según los datos facilitados a través de su web por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
En todo caso, pese a esa recuperación, la cifra total de trabajadores de las administraciones públicas se sitúa lejos de sus niveles más altos. Basta recordar que en julio de 2010, poco antes de que comenzasen los recortes para hacer frente a la anterior crisis económica, la cifra se situaba en 32.597.
Plan de estabilización
En estas cifras se incluye tanto a los funcionarios de carrera, como a los interinos y al personal laboral. Estos dos últimos colectivos desempeñan sus funciones sin tener la plaza garantizada y son el centro del el acuerdo para reducir la temporalidad en las administraciones públicas que han suscrito el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos.En la provincia de León son aproximadamente 3.500 los interinos que esperaban esta medida y que habían salido a la calle en numerosas ocasiones en protesta por su temporalidad.
El acuerdo articula un nuevo proceso de estabilización del empleo temporal para reducir la temporalidad por debajo del 8% de las plazas de carácter estructural en todas las administraciones.
El proceso afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018. De hecho, gracias al acuerdo, más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se convertirán en fijas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.
Por otro lado, los procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, de un 40% en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.
Los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de plazas serán compatibles con los procesos de estabilización. Para quienes no superen los procesos de estabilización, las convocatorias de estabilización podrán prever su inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes.
En estas bolsas, se integrarán los candidatos que habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado este, sí hayan obtenido una puntuación que la convocatoria considere suficiente.
En esta línea, quienes no superen la oposición tendrán una compensación económica de 20 días de sus retribuciones fijas por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la no participación en el proceso selectivo no generará compensación alguna.
Las peticiones de la Junta
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, pide al Gobierno que proteja en los procesos de estabilización de los empleados públicos interinos o temporales el «talento y el conocimiento» de los que están prestando servicio en la administración.Ibáñez confía en que las condiciones del proceso tenga en cuenta a estas personas que llevan muchos años trabajando y que tienen «una edad», porque van a tener que «afrontar un reto difícil» desde el punto de vista profesional. Asimismo, se muestra convencido de que ha habido un movimiento positivo» para eliminar las «altísimas» tasas de interinidad de todas las administraciones, tras las llamadas de atención de Europa. En Castilla y León son más de 20.000 las personas que desempeñan su trabajo siendo temporales o interinos.