El edil díscolo de Ponferrada mantiene su ruptura de disciplina de voto y advierte un posible "fraude de ley"

De la Fuente pidió que no se aprobara la prórroga de cesión del estadio de fútbol a la Ponferradina hasta no adaptarlo a la normativa puesto que en la actualidad es ilegal, subrayó en pleno

Mar Iglesias
31/03/2021
 Actualizado a 31/03/2021
Momento en el que el concejal díscolo pidió la palabra para defender su voto.
Momento en el que el concejal díscolo pidió la palabra para defender su voto.
La ruptura de disciplina de voto que se había puesto sobre la mesa en la comisión informativa de Infraestructuras, cuando el concejal de Mantenimiento, Manuel De la Fuente, del grupo socialista votó en contra de la pretensión de prorrogar la cesión del uso del estadio de fútbol del Toralín a la Ponferradina, se reprodujo en el pleno, con un incremento de tensión.

De la Fuente quiso explicar su voto antes de realizarlo, algo que frenó el alcalde, al asegurar que esa posibilidad no entraba en la normativa, aunque sí le dio la oportunidad de hacerlo con posterioridad a la votación. El concejal remarcó su negativa al punto plenario, que finalmente salió adelante, en que la "forma" en la que se quiere realizar esa prórroga es alegal. "La prórroga, por mucho que se pueda vestir con dictámenes de comisión sigue siendo ilegal,  se alarga un año más la ilegalidad y se comete fraude de ley", dijo.

Reconoce que el acuerdo ya era ilegal en 2008, cuando la Ponferradina pasó a ser una sociedad anónima con ánimo de lucro y, a partir de ese momento, se requería un cambio para adecuarlo a la normativa. Por eso De la Fuente considera que debe devolverse la legalidad a la cesión de los terrenos antes de aprobar una prórroga que se aprobó hasta el mes de octubre con la intención de restablecer esa legalidad, apuntó el PSOE.

Pero además, De la Fuente afeó que en la comisión del 22 de marzo el presentó un informe con alegaciones que en el dictamen del secretario de la comisión no aparecen. "Se ocultan datos importantes y se desvirtúa la literalidad del informe". El concejal pidió iniciar ya el expediente "pero cada cual con sus consecuencias", advirtió.

El punto sí proponía conceder una prórroga por razones de interés público de cesión del Toralín y suscribir un convenio administrativo por un año debiendo tramitarse en ese tiempo el contrato definitivo -un plazo que concluye en el mes de octubre-.

El resto de grupos no negó el argumentario de De la Fuente. Desde la bancada de Podemos, Lorena González reconocía que desde 2008, cuando la Ponferradina pasó a ser una entidad con ánimo de lucro, se debió modificar el convenio que existía con el Ayuntamiento "eso no se puede negar". Pero ahora se debe dar cobertura a la Ponferradina, porque la Liga nacional de fútbol dice que es requisito para afiliarse a ella presentar el título de propiedad del recinto deportivo en el que se va a desarrollar la práctica deportiva o en su caso la cesión por convenio. Si no hay esa cesión no podría competir. Por ello Podemos concretó su apoyo a favor, aclarando que debe acogerse a la norma cuanto antes.

PRB, USE y Cs destacaron los beneficios que la Ponferradina ofrece a la ciudad y que el campo fue realizado precisamente para ella.  La portavoz de Ciudadanos, Ruth Morales sí apuntó que se podrían haber explorado otras fórmulas y no esta, aunque Coalición por el Bierzo consideró que es "el camino idóneo para resolver los intereses de la Ponferradina", dijo su portavoz Iván Alonso. Por eso considera que la contrariedad en el seno del PSOE es una "polémica estéril".

El PP, por su parte, dijo que "siempre vamos a apoyar a la Ponferradina", pero su portavoz, Marco Morala pidió acuerdo desde el equipo de Gobierno porque se envía un mensaje nefasto al club y a la ciudad, pese a ser embajador de la misma "y está saneada en lo económico".  

El contrato que había con la Ponferradina era de cesión del campo por 10 años con máximo prorrogable hasta 25. En 2020 se cumplió el plazo y se solicitó la prórroga pero la situación había pasado a sociedad anónima y el uso privativo debe estar conforme a la normativa, en forma de concesión demanial y la intención es iniciar ese expediente de inmediato por razones de interés público y prorrogar el actual hasta octubre con la pretensión de adecuarlo a derecho "para seguridad de ambas partes", explicó la concejala del PSOE, Carmen Doel. En esos seis meses será la "fecha tope" para firmar el convenio suscrito "estará regularizado con anterioridad", apunta.

Sí al plan de transparencia

El pleno aprobó también el plan de contratación que la concejala de Hacienda, Mabel Fernández defendió por ser un documento que es la primera vez que se realiza por dos años, con el fin de que las empresas y los usuarios conozcan, desde el portal de transparencia esa previsión de contratación. Fernández apuntó que es un requerimiento legal hacerlo, pero permite mejores y novedades como adoptar medidas de control mediante el seguimiento de los principios de contratación pública que las empresas deben incorporar.

Aunque los grupos de la oposición aprovecharon para afear la aprobación de los presupuestos en la que se contemplaban las contrataciones, el punto fue aprobado. También lo fue la Ordenanza de transparencia y buen gobierno. Fernández también defendió ese documento para adaptarse ala normativa. En la información se incluirán los currículums de los concejales “consiste en un marco para regular la transparencia de Ponferrada porque no existe en la actualidad” y considera que es la respuesta más adecuada en la demanda de transparencia de los cargos públicos que exigen los ciudadanos.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Ruth Morales criticó que no se permitiera hacer aportaciones a la oposición ni se consensuara el punto con su grupo, por lo que decidió abstenerse en la votación. El PP también optó por la abstención pero por considerar que debía incluirse mayor transparencia en la información, dijo su portavoz, Marco Morala. Fernández defendió que “en la transparencia está la verdadera reforma de la administración pública”.

El pleno también sirvió para ceder el edificio desde el que trabaja la agrupación Alzheimer Bierzo por cuatro años prorrogable a otros cuatro y con un máximo de 10.Y a Alfaem, la agrupación de ayuda a enfermos mentales, se le destina el uso del antiguo colegio de Flores del Sil, en la actualidad en desuso, aunque USE reprochó que se dejara escapar la inversión que Educación tenía para él de más de dos millones y ahora esté derruido.

Sobre las alegaciones al presupuesto presentadas por Ciudadanos. Podemos, CB, USE y PRB siguieron el escrito de intervención que consideraba que no había base para esas alegaciones. El PP decidió abstenerse por no ser las alegaciones de su grupo, aunque mantuvo estar en contra de los presupuestos. Cs volvió a criticar la contratación de cuatro coordinadores "un acto discrecional e injustificado" y anunció la posible incursión en los juzgados para depurar su legalidad.
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