El Contencioso anula el Pleno que aprobó los sueldos de los concejales tras la moción

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de León ha estimado el recurso presentado por el grupo municipal popular contra el Pleno convocado de forma urgente el 30 de marzo de 2013 y anula y deja sin efecto los acuerdos adoptados en el mismo «por no ser ajustados al ordenamiento jurídico». De esta forma, la sentencia invalida el orden del día completo de la Sesión Plenaria que incluye la organización y la fijación de los sueldos del equipo de gobierno, tras la moción de censura, y la toma de posesión del concejal de IAP, Sergio Gallardo, entre otros asuntos.
Así las cosas, el concejal popular Neftalí Fernández recuerda la manera «caótica» en la que se comunicó a los concejales la celebración del Pleno «en Sábado Santo y sin respetar el plazo mínimo de la notificación» y afirmó, a este respecto, que la sentencia recoge que «ninguno de los asuntos que forman el orden del día tiene la naturaleza de inaplazable para justificar la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria y urgente».

«Este ha sido el Pleno del engaño», denunció, por su lado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Juan Elicio Fierro, que acusó a los no adscritos de acelerar la convocatoria para optar a las retribuciones como miembros del PSOE, ya que una vez renunciaran a las siglas socialistas no podrían acceder a ellas, según la ley de antitransfuguismo. Una estrategia que, según apuntó Fierro, llevaron a cabo con la colaboración de la secretaria local del PSOE, Helena Castellano, que certificó que los ediles ya no formaban parte de ese grupo el día 25 de marzo, aunque la notificación no fue efectiva hasta el 1 de abril, «cuando ya se había realizado el Pleno, qué casualidad», criticó.

Con todo, el Partido Popular ha anunciado que pedirá una aclaración de la sentencia para saber qué consecuencias acarrearía la «anulación» del Pleno. «Si los acuerdos fueran nulos de pleno derecho desde el momento en que se aceptaron, me encargaré personalmente de que se cumpla la sentencia y de que devuelvan hasta el último euro que han percibido ilegalmente», declaró el popular Reiner Cortés, que lamentó que «el objetivo de este equipo de gobierno desde el minuto uno en que llegó a este Ayuntamiento ha sido la pasta y así lo han demostrado todas sus artimañas y sus acuerdos irregulares». En caso de no ser así, la anulación no tendría más alcance que la valoración política.

La sentencia, que además condena al Ayuntamiento de Ponferrada a asumir las costas del proceso judicial por valor de mil euros, puede ser recurrida por el bipartito en el plazo de quince días. «Si recurren, nosotros lo impugnaremos», aseguró Cortés, que avanzó que «por lo general, los fallos de apelación suelen tardar alrededor de dos años».

En este sentido, el popular cuestiona que «si apelan la sentencia es para darle una patada hacia delante y que el problema pase a los siguientes». Del mismo modo, recuerda que si el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mantiene la sentencia «el Ayuntamiento estaría obligado a pedir a quien ha cobrado ilegalmente un sueldo, que lo devuelva».

«De no ser así, el Consistorio estaría incurriendo en un delito de prevaricación», agregó.