La organización agraria Asaja ha señalado este martes que, en su día, presentó un recurso de reposición al censo provisional de las elecciones agrarias convocadas por la Junta para el próximo 12 de febrero, por "considerar que no deberían figurar 304 votantes procedentes de fuera de la Comunidad" ya que, a su juicio, "aprovechan en León pastos de verano en terrenos comunales".
"La Junta los ha incluido en el censo por el simple hecho de ser cotizantes a las Seguridad Social y estar dados de alta en el REACYL (Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León), y a pesar de que muchos de ellos tan siquiera han hecho el desplazamiento para el aprovechado de pastos en los últimos años", ha explicado la organización en un comunicado recogido por La Nueva Crónica.
Por todo ello, Asaja insiste en que los ganaderos "extranjeros" no deberían ser parte del censo puesto que "no tienen el más mínimo interés de participar" y ese hecho "va a elevar la abstención en cinco puntos porcentuales, lo que resta legitimidad a las organizaciones agrarias de la provincia".
De este modo, la organización agraria castellano y leonesa protesta ante la presentación del censo electoral definitivo -un total de 6.167 votantes, de los cuales 5.736 son personas físicas y 432 jurídicas- arguyendo que no presentará un recurso porque se paralizaría el proceso "y a la Junta no le preocuparía lo más mínimo" mientras que, por el contrario, opinan que "ocasionaría perjuicios a todas las organizaciones agrarias y a los propios agricultores y ganaderos".
¿Y las mujeres?
Sin embargo, hay un punto en el que inciden especialmente: "Es paradójico que, mientras la consejería de Agricultura llama a votar al ganadero de otras comunidades autónomas en las que por cierto no hay procesos electorales similares, deje sin derecho al voto a no menos de 800 mujeres agricultoras de la provincia de León que cotizan a la Seguridad Social y trabajan en la explotación familiar, pero se las excluye por el simple hecho de que quién figura en el REACYL es el marido. Asaja considera que se trata de una clara discriminación por razón de género, que por sí misma ya sería suficiente como para invalidar este proceso electoral", han zanjado.