El Ayuntamiento de Ponferrada tiene casi 100 empleados menos que hace 10 años

En una década, el Ayuntamiento de Ponferrada ha perdido casi un centenar de trabajadores según destaca el delegado del CSIF en el Consistorio, Higinio García. Asegura que la ratio de funcionario por habitante «debe ser la más baja de todo el país», ya que en la actualidad cuenta con 316 empleados para unos 65.000 habitantes, cuando hace una década eran 410 para un núcleo de población parecido. Eso hace que los trabajadores se enfrenten a un día a día complejo, aunque García entiende que la ley no ha permitido reponer plazas casi en ningún caso, al estar intervenido el Ayuntamiento, una situación que espera que cambie y que vuelva a repuntar esa cifra «esperemos que en dos o tres años se recupere».

Sobre todo, los que sufren esa merma son los trabajadores que operan a turnos, como los que trabajan en la gestión de las visitas al castillo de los Templarios o en materia deportiva «ellos necesitan personal con urgencia», apunta. Aunque asegura que quienes están en peor situación son los policías municipales, para los que ya hay previstas una veintena de plazas, no considera que lo tengan tan dilatado los bomberos «son los únicos que cuentan con una bolsa de trabajo».

El personal que trabaja por turnos es el más afectado por la carencia de trabajadores municipalesPor eso, lamenta que UGT haya alarmado en los últimos días sobre la posibilidad de que los interinos se vayan en busca de plazas fijas y el cuerpo de extinción de incendios sufra un éxodo por ello «no me ha gustado que esa crítica se haga ahora», aseguró, en un tiempo casi de campaña electoral. Pero sí considera que las bolsas de trabajo son necesarias para los funcionarios municipales, algo que han solicitado en el acuerdo que llevan año y medio negociando con el Ayuntamiento sin haber podido hacerlo efectivo.

A la espera de que se lleve a aprobación en el próximo pleno, algo en lo que García no se muestra muy confiado, los trabajadores han seguido manteniendo reuniones con el equipo de Gobierno y con los grupos de la oposición para perfilarlo.

García asegura que el documento solo pretende «adecuarse a la ley» actual e incluye el cobro de las bajas por discapacidad temporal desde el primer día y no en los primeros 20 días desde que se produce, como sucede ahora. Que se establezcan bolsas de trabajo en todas las secciones laborales, que se recuperen licencias por determinados supuestos, como fallecimiento de familiares en tercera línea, que se varíen los baremos para sacar nuevas plazas y jornadas de 35 horas. Precisamente este horario es el que más problemas ha tenido para su aprobación.

Aunque según García ningún grupo político lo rechazó, la regidora, Gloria Fernández Merayo ha considerado «que debe dejarse para negociar otras cosas. A nosotros no nos importa dejarlo en suspenso y que quede reflejado que es la intención realizarlo», pero teme que ese punto les separe y se llegue al final del mandato sin ninguna firma «veremos las medidas que adoptamos», dice.

Y es que lamenta que el acuerdo se iniciara con la anterior concejala de Hacienda, Amparo Vidal, que dimitió de su cargo en mayo de 2018. Desde entonces los trabajadores no han conseguido dar pasos adelante y mientras intentan que los ciudadanos no sientan esa carencia «hacemos todo lo que podemos, algunos haciendo horas extras que después es difícil cobrar, pero hay puestos que se necesitan con urgencia», dice, a la espera de que no acabe el mandato dejando este acuerdo sobre la mesa.

Incluso se cubren puestos con trabajadores temporales que llegan por subvenciones, pero considera que eso no aporta soluciones duraderas «porque necesitan un tiempo para formarse y solo después pueden echar una mano pero es poco tiempo». Si el documento no sale adelante, García advierte que será lo primero que se encuentre la nueva corporación entrante.