Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, todos los negocios con contrato de renta antigua anterior a mayo de 1985 deben actualizar y renegociar sus alquileres antes del 31 de diciembre. Dichos contratos, que se caracterizan por tener rentas bajas y periodos de duración muy largos, no afectarán a las personas físicas, solo a las jurídicas.
Ante el fin de la moratoria, organizaciones empresariales, de consumidores, sindicatos y partidos políticos y los propios comerciantes han pedido al Gobierno prorrogar cinco años los alquileres de renta antigua para los comercios arrendados. Y es que según han denunciado los afectados, algunos comercios se verán obligados a cerrar al no poder hacer frente al alza de los alquileres.
519.000 puestos de trabajo en peligro
Incluso el sector del comercio minorista ha alertado de que la finalización de la renta antigua pone en peligro 519.000 puestos de trabajo en toda España y afecta a más de 19.000 comerciantes, informa Efe.De la misma manera, la asociación de autónomos UPTA ha calculado que finalizarán entre 60.000 y 75.000 contratos de alquiler de renta antigua que no han tenido ninguna actualización.
Ante la petición de las citada moratoria, el pasado 7 de diciembre, el ministro de Economía, Luis de Guindos, eludió responder al respecto en el Congreso. En su intervención, el ministro solo destacó que la Ley de Arrendamientos Urbanos fue aprobada hace 20 años por un gobierno socialista. Una norma que introdujo medidas para conciliar los intereses en conflicto y suavizar el tránsito al nuevo marco jurídico, minimizando el impacto de norma. Entre esos mecanismos, citó el derecho de retracto, en caso de nuevo contrato con distinto arrendatario, y el derecho a una indemnización en caso de inicio de actividad afín. "La mejor manera de apoyar al comercio es la recuperación económica que está teniendo lugar", afirmó De Guindos.