La declaración partió de una moción propuesta por Ciudadanos y se ha concretado en esta declaración conjunta de PSOE, PP, UPL y el propio Cs que establece que «asumen el compromiso ético de que todos sus cargos públicos, independientemente de su condición electa, que vulneren el plan de vacunación o que se sustraigan de cumplir el protocolo establecido en provecho propio, beneficiándose de su posición y perjudicando, con ello, a otras personas que, por su condición, requieran con mayor urgencia la vacuna, una vez probados los hechos, instarán a los infractores el cese automático de sus cargos y responsabilidades públicas».
«Considerando nuestra posición institucional y desde la cognición de las complicaciones vinculadas a la misma, somos conscientes que no solamente se trata de una conducta irresponsable, egoísta y carente de cualquier veste de ética, por cuanto, como consecuencia directa de la inobservancia del protocolo en un momento de absoluta escasez de dosis, ello pone en serio riesgo la vida y la integridad física de aquellos conciudadanos que, bien por sus patologías, bien por sus responsabilidades laborales o bien por su pertenencia a un segmento social de riesgo se ven privados de la vacuna que les legítimamente les corresponde, máxime cuando se advierte el advenimiento de una nueva ola de la pandemia», señala el texto.
Hubo debate
Tras la lectura de la declaración, pese al clima de entendimiento sobre el asunto, el portavoz del Grupo Popular, Francisco Castañón, recordó al PSOE «que tienen algún caso que tienen que analizar muy detenidamente, si se comprueba en el caso de Chozas esa presunción de vacunación fuera de orden». La diputada de Cs, Gemma Villarroel, abundó que le parece «muy grave, que personas abusando de su poder roban vacunas a personas que lo necesitan mucho más; No estará tipificado, pero es algo tan grave como otro delito».
Dio la réplica el vicepresidente primero y diputado de UPL, Matías Llorente, que quiso dejar clara la ejemplaridad de la absoluta mayoría de los políticos de la provincia. «No necesitamos que nadie nos diga lo que no tenemos que hacer, en la provincia hemos tenido una comportamiento ético, vamos a pedir cuentas, pero vamos a dejar claro que hemos sido responsables», recalcó el leonesista. El vicepresidente segundo, Nicanor Sen, puso también dirigió el foco a los que permiten esa vacunación fuera del protocolo.
Contestó Villarroel que un caso intoxica todo el panorama político y que «no hay que agradecernos que cumplamos con la ley». Concluyó Morán que«miles de personas que nos dedicamos de forma honesta y honorable. En muchos de los casos de forma altruista, incluso poniendo de su bolsillo. Vamos a hacer lo posible para que la imagen de los políticos vaya cambiando porque también somos necesarios en la sociedad».