Diez días para decidir la nulidad del desahucio en Ponferrada

El Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Ponferrada ha dado respuesta al recurso presentado por la pareja desahuciada en Ponferrada, que pedía recuperar la vivienda por considerar que el procedimiento no se había ajustado a la realidad. Exponían que la ejecución hipotecaria estaba encabezada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, pero el banco aclaró que no era propietario de ese inmueble, sino que lo había vendido a la inmobiliaria Divarian, con la que aseguraba que no tenía nada que ver.

Finalmente el juez titular ha pedido a Divarian Propiedad SAU que en 10 días presente en el juzgado copia de la compra de la finca en la que se asienta el inmueble. La letrada de la pareja desahuciada, Elena Prado, considera que es un paso adelante, aunque no sea definitivo.

Asegura que la resolución es positiva porque "por el momento no se resuelve" en contra, aunque considera que podría haberse requerido al BBVA de la misma manera "las explicaciones a Divarian están bien pero en el procedimiento aparece BBVA y se le debía haber requerido", considera.

Antonia y José perdieron su vivienda el mismo día que a nivel nacional se aprobaba una espera de los procedimientos de desahucios tres meses más. El de Ponferrada, en el barrio de Compostilla, se ejecutaba tras 10 lanzamientos anteriores que sí pudieron pararse y cuatro años de lucha.

La situación de la pareja comenzaba a cambiar después de unos tiempos de ahogo, en los que el fracaso de un proyecto empresarial, asociado a la vivienda y la falta de ingresos, afectaron a sus posibilidades de pago.

Mientras que en el Congreso de los Diputados se aprobaba la prórroga, en Ponferrada el juzgado no admitía esperas.

Antonia y José llevaban 12 años compartidos con la vivienda que tuvieron que dejar. Casi sin salir de ella, un cerrajero cambiaba las cerraduras y así concluía el proceso, entre llantos, la tristeza vecinal y la asistencia del 112 por una crisis de ansiedad que le sobrevino a Antonia, acompañada por miembros de la PAH y de su abogada.

Antonia lamentaba que el banco no hubiera querido negociar ninguna forma de pago, e incluso apuntaba que le debía 21.000 euros en concepto de cláusula suelo.

La PAH afeó la postura del banco “que no quiere para nada esta vivienda”, pero el procurador de la entidad no pudo retener el desahucio.

Ese mismo día, el BBVA lamentaba la situación y aseguraba que el inmueble ya no era de su propiedad puesto que había sido vendido a una inmobiliaria con la que aseguraba que no tenía ninguna relación. Incluso recriminaba que se le nombrara en el proceso “con el daño que eso hace a la entidad”, afeaban.

Reconocían que la pareja tenía una hipoteca con la entidad y aseguraban que, al iniciarse los impagos, se intentó alcanzar algún tipo de acuerdo, incluso con la oferta de un alquiler social en 2018 que la pareja, aseguraba la entidad no aceptó.

Frente a esa postura, no solo los desahuciados negaron todo ese proceso de negociación, que aseguraban que habrían aceptado, sino que apuntaban que sí era el BBVA el que estaba detrás del desahucio.

Fue precisamente ese argumento el que les permitió a acudir al juzgado para solicitar la nulidad del procedimiento y la recuperación de su vivienda hasta que se realice correctamente, es decir, si el inmueble no es del BBVA, la entidad no debería aparecer en el procedimiento.

En respuesta a su solicitud, ahora el juez pide la documentación de propiedad a Divarian y, de no hacerlo en 10 días, Antonio y José podrían conseguir que el procedimiento se anulara.